El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha expresado una fuerte crítica hacia las declaraciones recientes de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, generando una tensión palpable entre la Gobernación cruceña y el Viceministerio que dirige esta autoridad. A través de sus redes sociales, Camacho calificó las afirmaciones de Barrientos como “ofensivas y reincidentes”, subrayando un desencuentro que va más allá de un simple desacuerdo político y que pone en evidencia diferencias profundas sobre la agenda autonómica y la gestión territorial en Bolivia.
Camacho, quien aspira a la reelección como gobernador bajo la bandera del partido Creemos, señaló que las posturas manifestadas por Barrientos reflejan una clara inclinación centralista, lo que considera incompatible con los intereses y demandas del departamento de Santa Cruz. En su evaluación, esta actitud demuestra una falta de idoneidad para dirigir el Viceministerio de Autonomías, órgano clave en el proceso de fortalecimiento y consolidación autonómica en el país. Esta crítica no solo pone en cuestión la capacidad técnica y política de Barrientos para desempeñar su función, sino que además marca un distanciamiento institucional significativo entre ambas autoridades.
La respuesta del gobernador fue contundente al anunciar que mientras Andrea Barrientos continúe al frente del Viceministerio, la Gobernación cruceña no participará en las reuniones del Consejo de Autonomía. Esta decisión implica un quiebre en los canales habituales de diálogo y coordinación entre el gobierno regional y los órganos estatales encargados de gestionar las autonomías territoriales. Resulta especialmente relevante este posicionamiento dado el contexto político actual, donde se observa un acercamiento paulatino entre Camacho y el gobierno nacional encabezado por el presidente Rodrigo Paz. La medida adoptada por el gobernador evidencia que las diferencias con Barrientos superan cualquier alineamiento político general y se centran en cuestiones específicas relacionadas con el manejo y la implementación de políticas autonómicas.
Por su parte, Andrea Barrientos mantuvo firme su postura respecto al proceso para concretar lo que se conoce como la propuesta del 50/50, una iniciativa comprometida públicamente por el presidente Paz para lograr una redistribución equitativa de recursos entre las regiones y el gobierno central. En declaraciones a la prensa, la viceministra advirtió sobre los riesgos de establecer plazos acelerados para este tipo de procesos complejos. Recalcó que lo más importante es avanzar con trabajo sólido y efectivo, señalando que las acciones ya comenzaron con la conformación del gabinete ministerial reciente.
Barrientos explicó con mayor detalle la metodología adoptada para abordar este compromiso: se trata de un proceso dialógico e inclusivo que busca involucrar a todas las regiones del país así como a la ciudadanía en general. Su visión apunta a convertir esta propuesta en una realidad tangible para todos los bolivianos, enfatizando un enfoque participativo y pluralista como base para alcanzar acuerdos sostenibles.
Respecto a los tiempos necesarios para implementar este modelo redistributivo conocido como 50/50, reconoció la dificultad para establecer plazos exactos debido a la complejidad del tema y las múltiples variables involucradas. Aunque descartó estimaciones demasiado breves o apresuradas —que podrían generar expectativas irrealizables— indicó que se trata de un periodo “corto y efectivo”. La viceministra insistió en que esta no es simplemente una frase publicitaria sino un compromiso serio destinado a mejorar significativamente las condiciones de vida de la población.
Este intercambio refleja tensiones profundas sobre cómo debe abordarse el proceso autonómico en Bolivia, particularmente en Santa Cruz donde existen demandas históricas por mayor autonomía fiscal y administrativa frente al gobierno central. La postura crítica del gobernador Camacho pone en relieve una percepción local sobre intentos centralistas desde instancias nacionales como el Viceministerio liderado por Barrientos. Al mismo tiempo, la respuesta institucional desde esa cartera subraya la necesidad de avanzar con prudencia técnica y diálogo amplio para garantizar resultados duraderos.
En definitiva, estas diferencias evidencian retos importantes para consolidar mecanismos efectivos que permitan cumplir compromisos políticos como el 50/50 sin fracturar relaciones fundamentales entre gobiernos regionales y nacionales. La decisión tomada por Camacho impacta directamente en espacios claves como el Consejo de Autonomía, donde tradicionalmente se negocian acuerdos estratégicos para todo el país. De mantenerse esta postura confrontacional sin avances significativos hacia consensos compartidos, podría generar efectos negativos tanto en términos políticos como administrativos para Santa Cruz y otras regiones involucradas.
Por ahora queda claro que el debate sobre autonomía continúa siendo uno de los temas centrales del escenario político boliviano actual, con actores decididos a defender sus posiciones e intereses ante desafíos complejos relacionados con distribución territorial del poder y recursos públicos. La evolución futura dependerá mucho del diálogo constructivo entre autoridades nacionales y regionales capaces de superar diferencias históricas mediante acuerdos pragmáticos orientados al bienestar colectivo
