El inicio del año 2026 ha estado marcado por una crisis significativa en el sector automotor debido a la distribución masiva de un lote de gasolina especial plus contaminada, que continúa siendo vendida en las estaciones de servicio bajo una obligación legal vigente. Esta situación ha generado un aumento alarmante en las denuncias por daños mecánicos en vehículos particulares, unidades del transporte público y maquinaria productiva a lo largo y ancho del país, evidenciando un problema que no solo afecta la calidad del combustible, sino también la economía y seguridad de los ciudadanos.

Desde los primeros meses del año, las autoridades minimizaron inicialmente la gravedad de la situación, pero a medida que se incrementaron los reportes de fallas mecánicas, quedó claro que el problema era mucho más profundo. La gasolina contaminada no solo ha provocado un desgaste acelerado en los motores, sino que también ha generado incertidumbre y desconfianza entre los usuarios sobre la calidad del combustible disponible en el mercado nacional. En este contexto, el conflicto permanece abierto y sin una solución definitiva a pesar del paso del tiempo.

El propio Gobierno admitió públicamente en febrero la comercialización de gasolina de mala calidad, aunque un mes después esta sigue distribuyéndose en las estaciones. La falta de responsables identificados públicamente para esta problemática añade una capa adicional de frustración entre los afectados. El presidente Rodrigo Paz atribuyó el inconveniente a un supuesto “boicot” y afirmó que se han identificado a los implicados, aunque no se han dado detalles concretos sobre sanciones ni plazos para resolver definitivamente la crisis.

En medio de esta compleja situación, la Asociación de Surtidores Privados (Asosur) ha manifestado su malestar con el manejo del problema por parte de las autoridades. Moisés Hidalgo, presidente de Asosur, ha señalado que las inspecciones y muestreos realizados en estaciones solo generan distracción pública cuando ya se conoce que la gasolina especial plus está contaminada. Según Hidalgo, el problema radica no en los surtidores ni en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), cuyo laboratorio analiza apenas cinco parámetros técnicos básicos. Para él, el combustible actual es “gasolina basura” y su venta debería ser suspendida inmediatamente.

Además, Hidalgo denunció que un decreto supremo vigente obliga a las estaciones a seguir comercializando este lote contaminado. Esta normativa obliga a los surtidores a vender el combustible afectado hasta agotar existencias, lo que explica por qué persiste su presencia en el mercado pese a las evidentes fallas reportadas. El dirigente anticipó que mientras este carburante siga circulando, continuarán surgiendo daños mecánicos críticos en los vehículos.

La preocupación por esta crisis también alcanzó al ámbito legislativo, donde senadores expresaron su inquietud ante el impacto negativo para miles de familias. La senadora Marcela Guerrero calificó como “triste” la situación nacional y advirtió sobre la posibilidad real de convertir al país en un “cementerio de motorizados” si no se toman medidas urgentes para frenar la distribución del combustible defectuoso. Enfatizó que los costos asociados con la reparación mecánica son elevados —entre 3.000 y 15.000 bolivianos— cifras inalcanzables para muchas personas.

Guerrero también criticó la falta de claridad respecto al funcionamiento del seguro automotor ante estos daños y cuestionó los mecanismos existentes para garantizar indemnizaciones justas y oportunas. La incertidumbre respecto al proceso genera desconfianza entre los usuarios y fomenta una sensación generalizada de vulnerabilidad al momento de cargar combustible. Por ello insistió en exigir explicaciones claras al Ministerio de Hidrocarburos y enfatizó que lo prioritario es ofrecer respuestas rápidas y efectivas a la población afectada.

En respuesta a esta crisis acumulada, el Gobierno anunció una medida técnica destinada a mejorar la calidad del combustible distribuido: desde comienzos de marzo se incorporarán aditivos estabilizantes antioxidantes a toda la gasolina vendida nacionalmente. Estos aditivos tienen como objetivo principal evitar la degradación prematura del carburante, así como limpiar inyectores, eliminar residuos nocivos y optimizar el rendimiento motor sin incrementar el precio final al consumidor.

El presidente Paz destacó que esta será la primera vez que se implementa esta estrategia en el país como parte integral para fortalecer tanto el abastecimiento como el desempeño general del combustible suministrado. Esta iniciativa forma parte también de una serie más amplia de medidas adoptadas tras las denuncias sobre un presunto sabotaje contra plantas estratégicas respaldadas ahora por resguardo militar con apoyo de las Fuerzas Armadas; todo orientado a garantizar tanto el suministro continuo como la soberanía energética nacional frente a amenazas internas o externas.

Por otra parte, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informó sobre la activación desde marzo de una plataforma digital llamada Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC). Este sistema permitirá gestionar formalmente las reclamaciones presentadas por propietarios cuyos vehículos hayan sufrido daños atribuibles al uso del combustible contaminado. Para acceder al trámite será necesario presentar documentación detallada como registro vehicular (RUAT), cédula de identidad, póliza SOAT vigente, cuentas bancarias para resarcimientos y evidencias técnicas emitidas por talleres autorizados.

El proceso contempla además una declaración jurada para validar cada caso particular e incluye tanto automóviles como motocicletas afectadas; aunque inicialmente se priorizará atender reclamaciones donde el vehículo esté registrado a nombre del solicitante, dejando abierta la posibilidad analizar situaciones excepcionales relacionadas con terceros propietarios.

En cuanto al monto posible para indemnizaciones, YPFB aclaró que no existe un límite máximo establecido para vehículos particulares aunque sí se han definido categorías según gravedad: leve, media o grave; mientras que para motocicletas se estima un rango compensatorio entre 1.000 y 3.500 bolivianos aproximadamente.

En síntesis, esta crisis generada por un lote masivo e irregular de gasolina especial plus contaminada pone en evidencia deficiencias regulatorias profundas dentro del sector hidrocarburífero nacional; genera perjuicios económicos directos sobre miles de ciudadanos afectados; provoca incertidumbre sobre garantías legales; e impone desafíos urgentes tanto técnicos como administrativos para restablecer confianza pública.

La continuidad obligatoria en venta impuesta por decreto agrava aún más esta problemática puesto que prolonga exposición vehicular al carburante defectuoso con consecuencias irreversibles para motores; motivo por el cual diferentes actores sociales demandan suspender inmediatamente su comercialización hasta esclarecer responsabilidades formales e implementar soluciones definitivas basadas en controles rigurosos y mejoras técnicas comprobables.

Este escenario subraya además la necesidad imperiosa que tiene el Estado boliviano no solo resolver este conflicto puntual sino fortalecer mecanismos institucionales preventivos ante riesgos futuros similares; garantizando así estabilidad energética transparente junto con protección efectiva hacia consumidores finales cuyos derechos están siendo vulnerados actualmente sin respuestas claras ni oportunas por parte del sistema oficial encargado