El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija confirmó que el pasado viernes 27 de febrero se recibió una demanda formal para inhabilitar a Johnny Torres, quien busca la reelección en la Alcaldía de Tarija. Este hecho ha generado una fuerte reacción en el ámbito político regional, especialmente por parte de Primero Tarija, movimiento que respalda al candidato y que ha denunciado un supuesto plan orquestado para apartarlo de la contienda electoral. La controversia ha reavivado tensiones políticas y suscitado comparaciones con procesos similares ocurridos en el pasado, como la inhabilitación del exalcalde Mario Cossío.
Desde el punto de vista procesal, la vicepresidenta del TED, Adriana Flores, detalló que la demanda se encuentra actualmente en etapa de análisis para determinar si cumple con los requisitos formales establecidos por la normativa electoral. El órgano electoral tiene un plazo de 24 horas para verificar estos requisitos; si la demanda es admitida, Johnny Torres tendrá 72 horas para presentar sus descargos. En caso de que existan observaciones sobre el recurso inicial, el demandante puede subsanarlas en un plazo de 24 horas. Finalmente, el TED dispone de tres días hábiles para emitir una resolución definitiva en torno a la admisibilidad o no del proceso. Este procedimiento refleja una estructura legal rigurosa que busca garantizar el debido proceso y asegurar que las candidaturas cumplan con los requisitos establecidos.
Mientras se desarrolla este proceso institucional, desde Primero Tarija rechazaron categóricamente la demanda presentada contra Torres y aseguraron que no existen fundamentos jurídicos sólidos para justificar una posible inhabilitación. El vocero oficial de esta agrupación política, Adrián Vega, no solo cuestionó la legitimidad del recurso sino que también apuntó directamente a Luciana Campero como la figura detrás de esta acción legal. Vega señaló que dicha demanda habría sido presentada por un militante cercano a la alianza política PATRIA y calificó esta maniobra como parte de una estrategia política destinada a debilitar a Torres y controlar el escenario electoral.
Vega fue más allá al señalar que este tipo de acciones no son fortuitas ni aisladas, sino parte de un plan cuidadosamente diseñado para eliminar rivales políticos incómodos. Hizo una comparación explícita con lo ocurrido anteriormente con Mario Cossío, un exalcalde cuya candidatura también fue objeto de intentos por sacarlo del proceso electoral mediante inhabilitaciones legales. Esta comparación subraya un patrón recurrente en la política local donde las disputas electorales se trasladan al terreno judicial como mecanismo para influir en los resultados electorales.
Las implicaciones políticas son claras: Primero Tarija percibe esta ofensiva legal como un intento deliberado por parte de sectores opositores —particularmente vinculados a Luciana Campero— para consolidar una candidatura única y evitar así una competencia plural en las elecciones municipales. Esto podría generar un desequilibrio político significativo y afectar la representatividad democrática en Tarija.
Además, Vega advirtió que esta estrategia judicial podría extenderse más allá del caso particular de Johnny Torres. Anticipó que otras candidaturas podrían ser objeto de acciones similares en los próximos días, lo cual anticipa una campaña electoral marcada por la judicialización masiva y posiblemente por conflictos legales entre aspirantes a cargos públicos. Esta situación plantea un escenario complejo donde las definiciones políticas pueden depender tanto del ámbito jurídico como del voto popular.
Para la población tarijeña, estos acontecimientos representan un momento crucial donde los procesos electorales están atravesados por fuertes tensiones políticas e institucionales. La eventual resolución del TED sobre esta demanda tendrá consecuencias directas sobre quiénes serán los candidatos válidos para competir por la Alcaldía, y podría influir decisivamente en el desarrollo democrático local. La ciudadanía deberá estar atenta al desarrollo del proceso y a cómo estas disputas legales impactan en la transparencia y legitimidad del próximo proceso electoral municipal.
En suma, el ingreso formal de esta demanda contra Johnny Torres ha desatado un debate intenso sobre las prácticas políticas vigentes en Tarija y pone bajo escrutinio tanto al Tribunal Electoral Departamental como a las fuerzas políticas involucradas. La combinación entre procesos legales y estrategias electorales evidencia las complejidades propias de las contiendas locales y subraya la importancia de mecanismos claros y justos para dirimir conflictos políticos sin afectar los derechos electorales fundamentales
