El presidente Rodrigo Paz Pereira ha manifestado su disposición para revisar los resultados del Censo 2024, un estudio demográfico que ha generado controversia en la región de Santa Cruz debido a supuestas omisiones e inconsistencias que podrían afectar la distribución de recursos y la planificación territorial. Estas declaraciones se dieron en el marco de una serie de encuentros con autoridades departamentales y durante una sesión del gabinete ejecutivo instalada en la capital cruceña, donde se abordaron temas clave para la descentralización y la reforma estatal.
La problemática en torno al Censo 2024 surge principalmente por las discrepancias señaladas por autoridades locales y organizaciones sociales. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, calificó el censo como un “engaño”, argumentando que los datos oficiales subestiman la población real del departamento. Según su análisis, mientras un estudio regional estimaba cerca de cuatro millones de habitantes, el censo oficial reportó apenas 3,1 millones. Esta diferencia significativa implicaría un perjuicio directo en la asignación financiera que reciben las regiones a través de mecanismos como la coparticipación tributaria, lo que limita su capacidad para planificar servicios públicos y proyectos de desarrollo. Este reclamo no es aislado: desde noviembre de 2025, el Comité pro Santa Cruz denunció que al menos 40 comunidades en San Ignacio de Velasco quedaron fuera del registro censal, lo que representa unas 8.000 personas no contabilizadas y un impacto directo en los recursos destinados a esa zona.
En respuesta a estas críticas, el presidente Paz reconoció que el proceso censal no es sencillo ni rápido, pero enfatizó la importancia de contar con datos precisos para formular políticas públicas eficaces y sostenibles. Señaló que toda región requiere información detallada sobre sus fortalezas y debilidades para tomar decisiones responsables, especialmente en relación con la redistribución tributaria plasmada en su propuesta denominada “50/50”. Este plan busca modificar el actual esquema donde aproximadamente tres cuartas partes de los recursos recaudados permanecen en el nivel central del Estado, mientras que el resto se distribuye entre departamentos y universidades. Para Paz, esta propuesta no es una mera consigna política sino una decisión estructural destinada a promover producción económica y crecimiento regional con responsabilidad fiscal.
El mandatario anunció el inicio formal de la primera fase técnica del plan 50/50 durante las reuniones del gabinete realizadas en Santa Cruz. Esta etapa contempla la conformación de mesas técnicas sectoriales que incluirán a ministros, representantes del sector productivo, actores sociales, legisladores y autoridades electas próximamente. El objetivo es construir una redistribución equitativa y transparente basada en reglas claras que permitan mejorar las condiciones de vida de la población sin fomentar “la repartición de pobreza”, sino más bien “repartir futuro”. La inclusión amplia y participativa es clave para este proceso según Paz, quien subrayó la necesidad de evitar aventurismos o decisiones apresuradas ante un escenario complejo.
Además del debate sobre el censo y la redistribución tributaria, el presidente se refirió a su visión sobre el Estado boliviano actual. Reconoció que existe una estructura institucional heredada que ha concentrado poder durante más de dos décadas y consideró necesario transformar ese modelo para superar crisis económicas recurrentes. En este sentido, anunció un proceso gradual para eliminar regulaciones innecesarias —particularmente decretos supremos— orientados únicamente a reforzar al Estado centralista sin beneficiar realmente al desarrollo regional ni a la ciudadanía. La idea es avanzar hacia un Estado más eficiente y descentralizado donde cada nivel gubernamental asuma con responsabilidad fiscal sus competencias y recursos asignados.
Paz también advirtió sobre posibles intentos por parte de sectores extremos para utilizar el debate del 50/50 como herramienta política desestabilizadora. En cambio, instó a interpretar esta iniciativa como un mecanismo destinado a fortalecer la unidad nacional y fomentar el desarrollo conjunto entre todas las regiones del país.
No obstante estas perspectivas oficiales, algunas voces locales han expresado reservas respecto al avance real del proceso propuesto por el Ejecutivo. Por ejemplo, Mavy Pedraza, presidenta interina de la Asamblea Legislativa Departamental cruceña, manifestó dudas sobre las acciones concretas hasta ahora emprendidas e insistió en demandar participación formal mediante mesas técnicas claras y legislación específica para garantizar transparencia y control ciudadano sobre cómo se implementará efectivamente la descentralización.
El Censo aplicado en marzo de 2024 fue uno de los compromisos centrales asumidos por el Gobierno tras una protesta cívica prolongada en 2022 que exigía un estudio demográfico oportuno y confiable para mejorar la planificación estatal. El informe oficial difundido en agosto reveló una población total cercana a los once millones trescientos mil habitantes con una marcada tendencia hacia la urbanización: aproximadamente siete personas de cada diez residen actualmente en áreas urbanas.
En este contexto complejo donde convergen demandas sociales por mayor representación poblacional válida para asignación presupuestaria e iniciativas gubernamentales orientadas a reformar estructuras estatales históricamente centralizadas, el Ejecutivo vincula ambos temas bajo una estrategia común: fortalecer las autonomías departamentales mediante información precisa y reformas normativas destinadas a ampliar competencias regionales con responsabilidad fiscal compartida.
Finalmente cabe destacar que desde Palacio Quemado se mencionó también interés internacional respecto a estas dinámicas internas; por ejemplo, se reveló que el presidente brasileño Lula da Silva muestra especial interés por estrechar vínculos con Santa Cruz —un departamento clave dentro del entramado productivo boliviano— lo cual podría abrir nuevas oportunidades comerciales e inversiones si las reformas estatales permiten consolidar entornos favorables para el desarrollo regional sostenible.
En suma, Bolivia enfrenta hoy un momento crucial donde las discusiones sobre datos demográficos confiables se entrelazan con propuestas estructurales profundas destinadas a equilibrar relaciones financieras entre niveles estatales e impulsar un modelo más inclusivo y eficiente orientado al bienestar colectivo. La resolución exitosa dependerá tanto del diálogo abierto entre actores políticos como del compromiso efectivo para implementar cambios sustantivos con transparencia técnica e institucionalidad fortalecida
