Al cumplirse los primeros cien días desde la asunción del presidente Rodrigo Paz, la evaluación del desempeño gubernamental desde la Asamblea Legislativa Plurinacional revela un panorama complejo y dividido. Mientras sectores afines al Ejecutivo resaltan avances significativos en la estabilización económica, la mejora en el riesgo país y una mayor apertura hacia mercados internacionales, las fuerzas opositoras mantienen una postura crítica, señalando que las dificultades estructurales que afectan al país aún no se han superado. Además, cuestionan aspectos relacionados con casos de presunta corrupción, la calidad del combustible suministrado a la población, el incremento en los precios de productos básicos y la escasa aprobación de proyectos de ley con impacto económico.
Desde el bloque aliado al Gobierno, la diputada Claudia Bilbao, representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), enfatizó que tras un período prolongado de incertidumbre económica se empiezan a observar señales claras de orden y previsibilidad. Destacó que el tipo de cambio ha alcanzado una estabilidad que brinda certidumbre a quienes dependen del día a día para subsistir. Asimismo, mencionó una notable disminución en las largas filas para abastecerse de diésel, un problema recurrente en meses anteriores que afectaba tanto a usuarios como al sector productivo. Bilbao subrayó también un renovado interés internacional por invertir en Bolivia, lo cual indica una mejora en el clima de negocios y una percepción positiva sobre la seguridad jurídica vigente. Este último aspecto es fundamental para atraer capitales y fomentar el desarrollo económico sostenible.
No obstante, la diputada reconoció que persisten obstáculos derivados de prácticas y estructuras heredadas de administraciones anteriores. Señaló que aún existen funcionarios públicos dentro del aparato estatal vinculados a actos que habrían perjudicado al país y que su remoción enfrenta resistencias internas. Insistió en la necesidad de actuar con firmeza contra cualquier forma de corrupción y demandó mayor celeridad por parte del Ministerio Público para procesar estos casos. En materia de política exterior, respaldó los esfuerzos del Gobierno por reabrir canales diplomáticos con Chile y fortalecer vínculos con Brasil, especialmente en temas comerciales y agroindustriales. Considera que estas relaciones son estratégicas para potenciar corredores bioceánicos y mejorar las oportunidades económicas regionales.
Por otro lado, desde el partido Unidad, algunos legisladores reconocen ciertos avances económicos pero mantienen reservas respecto a otras áreas. La diputada Julieta Jiménez valoró positivamente la estabilidad cambiaria y un equilibrio relativo en las finanzas nacionales; sin embargo, criticó un viaje reciente realizado por el vicepresidente Edmand Lara a India, considerado inoportuno dado el escaso respaldo político hacia el Ejecutivo desde esa bancada. Jiménez solicitó además que la Asamblea ejerza un control riguroso sobre los proyectos de inversión anunciados por el Gobierno tras el Carnaval, enfatizando la importancia de evaluar detalladamente cada iniciativa antes de su aprobación.
En consonancia con esta postura crítica constructiva, el diputado Alejandro Reyes también reconoció indicadores favorables como la reducción de la inflación y la mejora en el acceso a divisas extranjeras. Sin embargo, manifestó preocupación por problemas persistentes en el sector de combustibles. Demandó explicaciones públicas exhaustivas sobre los contratos vigentes relacionados con costos y calidad del producto ofrecido a los consumidores. Reyes fue enfático al señalar que es necesario remover o incluso refundar instituciones clave como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), debido a presuntos actos saboteadores detectados internamente. Además, pidió colaboración activa de exautoridades investigadas para facilitar procesos judiciales orientados a desarticular redes corruptas. Respaldó asimismo las iniciativas gubernamentales orientadas hacia una mayor apertura comercial con países vecinos.
Desde otro sector opositor representado por Alianza Popular (AP), las diputadas Basilia Cruz y Claudia Herbas desplegaron críticas más severas hacia la gestión presidencial. Cruz sostuvo que las políticas implementadas hasta ahora han favorecido principalmente al sector empresarial urbano mientras se ha dejado relegada a comunidades campesinas, gremios informales y pueblos indígenas originarios campesinos (PIOCs). Exigió un cambio sustancial en las estrategias gubernamentales para promover equidad social e inclusión económica más amplias. Además reclamó cambios inmediatos en funcionarios públicos vinculados a sospechas o denuncias por corrupción dentro del Ejecutivo.
Por su parte, Herbas cuestionó directamente los indicadores económicos presentados por el oficialismo. Señaló deficiencias palpables como combustible de baja calidad disponible para los consumidores, precios elevados e insostenibles tanto en productos alimenticios básicos —como carne o pan— así como un proceso gradual pero constante en el levantamiento de subsidios estatales fundamentales para sectores vulnerables. También criticó la ausencia hasta ahora de un Presupuesto General del Estado ajustado acorde a las necesidades actuales del país; alertó sobre el uso excesivo e irregularidad creciente en decretos presidenciales como método para gobernar sin control legislativo adecuado; e indicó falta transparencia especialmente respecto a contratos vinculados con recursos estratégicos como el litio. Ambas legisladoras coincidieron en solicitar que cada crédito o proyecto enviado por el Ejecutivo sea analizado minuciosamente caso por caso antes de ser aprobado automáticamente por la Asamblea.
En cuanto al ritmo legislativo durante este período inicial del mandato presidencial, diversos parlamentarios expresaron inquietudes ante la limitada producción normativa relacionada con reformas económicas estructurales necesarias para consolidar avances macroeconómicos observados hasta ahora. Se reconoció que aunque se aprobaron algunas normas destinadas a aliviar cargas impositivas vinculadas al combustible —un tema sensible dado su impacto directo sobre precios internos— persiste una falta importante de coordinación institucional entre cámaras legislativas lo cual dificulta acelerar trámites cruciales referidos a minería, hidrocarburos, asociaciones público-privadas (APP) y concesiones estratégicas anunciadas por el Ejecutivo.
En materia social también hubo consenso generalizado entre legisladores acerca del mantenimiento de precios elevados en productos esenciales como carne vacuna; se instó al Gobierno a establecer diálogo efectivo con productores nacionales para garantizar primero abastecimiento interno antes incluso de impulsar exportaciones masivas o acuerdos externos que puedan comprometer mercados locales.
Finalmente se reiteraron demandas urgentes para aumentar los niveles transparencia administrativa dentro de YPFB y ANH luego de denuncias públicas relacionadas con deficiencias técnicas —en particular calidad inconsistente— así como supuestos sobrecostos injustificados en combustibles comercializados.
El balance político-económico tras estos primeros cien días revela luces y sombras significativas: mientras existen señales alentadoras sobre orden macroeconómico básico —con estabilización cambiaria e incremento moderado pero palpable en confianza internacional— persisten reclamos sólidos vinculados principalmente a problemas estructurales relacionados con corrupción interna no resuelta plenamente; deficiencias técnicas operativas; incremento sostenido en costos básicos para población vulnerable; déficit normativo importante; además dificultades evidentes para lograr consensos políticos amplios dentro del Parlamento fragmentado.
La siguiente etapa gubernamental será fundamentalmente decisiva pues estará marcada por el envío masivo desde Palacio Quemado hacia la Asamblea Legislativa Plurinacional —principalmente bajo modalidad paquetazos normativos— destinados a concretar reformas estructurales e inversiones anunciadas durante este primer trimestre presidencial. El éxito o fracaso político dependerá no solo del contenido técnico-económico sino también del grado real capacidad negociadora del Ejecutivo para construir consensos sólidos entre diversas fuerzas políticas representadas actualmente dentro del órgano legislativo nacional. Este proceso definirá si los anuncios iniciales logran transformarse efectivamente en cambios profundos capaces no solo mejorar indicadores macroeconómicos sino también impactar positivamente en condiciones sociales cotidianas para amplios sectores poblacionales históricamente marginados o afectados negativamente durante años previos
