A pocos meses de la realización de las Elecciones Subnacionales 2026, un total de veinte candidaturas en seis departamentos del país permanecen en un estado de incertidumbre debido a demandas de inhabilitación y recursos extraordinarios que aún no han sido resueltos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Estos procesos legales, que fueron remitidos por los tribunales electorales departamentales correspondientes, cuestionan aspectos fundamentales relacionados con el cumplimiento de requisitos constitucionales y legales para postular a cargos públicos, tales como la residencia, la presentación oportuna de renuncias a cargos previos y los límites establecidos para la reelección.
La Secretaría de Cámara del TSE ha informado que estas veinte candidaturas pendientes corresponden a siete postulantes del departamento de Santa Cruz, cuatro del Beni, cinco de Cochabamba, dos de Tarija, una de La Paz y una más en Oruro. Todos estos casos están ya en trámite o han sido formalmente radicados ante la Sala Plena del órgano electoral, que deberá emitir su fallo definitivo en las próximas semanas. Esta situación genera una gran expectativa política y social, dado que algunos de los candidatos involucrados son figuras con peso tanto regional como nacional.
Uno de los casos más emblemáticos es el del actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien busca su reelección bajo la alianza APB–Súmate. Su candidatura fue impugnada por presuntamente exceder los límites permitidos para la reelección establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE). Este recurso fue presentado por Julio César Carvajal y se encuentra en apelación tras una resolución previa del Tribunal Electoral Departamental (TED) cochabambino. La decisión del TSE sobre este caso podría sentar un precedente importante respecto al respeto estricto a las normas electorales sobre la continuidad en funciones.
En Cochabamba también esperan resolución otros aspirantes a alcaldías importantes. Héctor Cartagena Chacón (UNE) y José Carlos Sánchez (Nueva Generación Patriótica) están a la espera de que se defina si continúan habilitados para competir por la alcaldía de Cochabamba. Asimismo, Charles Cristhian Becerra y Cupertino Montaño, candidatos a las alcaldías de Quillacollo y Pocona respectivamente por el frente Soluciones con Todos, permanecen en suspenso ante cuestionamientos similares.
En Tarija figuran dos candidaturas con procesos pendientes: Mario Cossío para la Gobernación por Camino Democrático para el Cambio (CDC) y Víctor Hugo Zamora para la Alcaldía de Cercado por Unidos para Renovar (UNIR). Ambos casos reflejan tensiones políticas locales que podrían afectar el panorama electoral departamental.
El departamento del Beni concentra cuatro candidaturas en esta situación crítica. Entre ellas está Yerko Núñez, exministro y candidato a alcalde de Rurrenabaque por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), quien enfrenta una demanda por supuestamente haber sobrepasado los límites permitidos para la reelección. Jesús Egüez Rivero, aspirante a gobernador por Alianza Unidad por la Patria, tiene tres recursos presentados contra su postulación debido a que no habría renunciado oportunamente al cargo rectoral en la Universidad José Ballivián. Además, las candidaturas a alcaldes de Trinidad (Moisés Shriqui) y Santa Rosa (Javier Nogales) también están sujetas a revisión judicial.
En Oruro se encuentra pendiente el caso de Edgar Bazán, candidato a alcalde del municipio Cercado por el Movimiento Ciudadano “San Felipe de Austria”, mientras que Santa Cruz registra siete postulantes con sus candidaturas sujetas a resolución judicial. Entre ellos destacan Diego López (Warnes), Cristian Méndez (San Ignacio de Velasco), Jorge Morales (La Guardia), Julio César Carrillo (Porongo), Wilfredo Áñez (Cotoca), Juan Carlos Barrancos (Vallegrande) y Gonzalo Salguero como candidato a asambleísta departamental por el Partido Demócrata Cristiano.
Los recursos presentados ante el TSE abarcan diversas causas específicas. Algunas apelaciones cuestionan presuntos incumplimientos relacionados con los plazos para renunciar a cargos públicos antes de postularse; otras denuncian supuestos excesos en el número permitido para la reelección o falta del cumplimiento del periodo mínimo obligatorio de residencia en determinado territorio electoral. Por ejemplo, uno de los recursos señala que Jesús Egüez Rivero no habría renunciado tres meses antes al rectorado universitario; otro señala que Mario Cossío no cumple con el requisito constitucional respecto al tiempo mínimo obligatorio de residencia.
Estos procesos legales representan un momento crucial para la transparencia y legitimidad del proceso electoral subnacional que se avecina. La resolución oportuna y clara por parte del Tribunal Supremo Electoral es fundamental no solo para garantizar igualdad ante la ley entre los candidatos sino también para brindar certeza jurídica tanto al electorado como a las organizaciones políticas involucradas. Además, estas decisiones inciden directamente en el equilibrio político regional dado que algunos candidatos representan fuerzas políticas con amplia influencia territorial.
La atención pública está centrada ahora en cómo el TSE abordará estos casos complejos donde se cruzan aspectos técnicos jurídicos con intereses políticos significativos. La definición final determinará quiénes podrán continuar oficialmente sus campañas electorales y quiénes deberán retirarse ante posibles incumplimientos legales detectados durante esta etapa preelectoral crucial. Así se avanza hacia un proceso electoral donde se pretende respetar estrictamente las normas establecidas mientras se fortalece la confianza ciudadana en las instituciones democráticas encargadas de velar por elecciones justas y transparentes
