En Bolivia, una comisión conjunta integrada por representantes del Ejecutivo y el Legislativo ha asumido la responsabilidad de supervisar las investigaciones relacionadas con casos de abuso sexual y pederastia que involucran a políticos, sacerdotes y otras personas vinculadas a instituciones diversas. Esta iniciativa surge ante la preocupación por la impunidad y la falta de resolución en múltiples procesos judiciales que permanecen inconclusos, según informó la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jéssica Echeverría.
La viceministra enfatizó que la justicia debe aplicarse sin distinción alguna, sin importar el estatus o la posición social de los acusados. Este llamado a la igualdad ante la ley incluye a expresidentes, líderes religiosos como sacerdotes o pastores, profesores y hasta miembros de movimientos como los Scouts. La intención clara es evitar que se repitan situaciones en las que delitos sexuales quedan impunes, garantizando que todos los responsables respondan conforme a la legislación vigente.
Para llevar adelante este objetivo, se ha conformado la denominada ‘Comisión contra la Impunidad en Delitos Sexuales’, que ya está trabajando en un plan estratégico para abordar estos casos pendientes. Esta planificación incluye establecer tiempos específicos para escuchar a las víctimas, un paso fundamental para asegurar que sus testimonios sean considerados con seriedad y respeto. Posteriormente, se procederá a indagar y fiscalizar los procesos judiciales afectados por demoras injustificadas o evidentes faltas de avance.
Desde el viceministerio se comprometieron a realizar un seguimiento constante y monitoreo riguroso del desarrollo de estas investigaciones, mientras que el papel del Parlamento será ejercer una fiscalización efectiva sobre el trabajo judicial y administrativo vinculado a estos casos. La colaboración entre ambos poderes del Estado busca fortalecer la transparencia y acelerar las resoluciones.
Uno de los casos más emblemáticos bajo este escrutinio es el proceso por trata agravada de personas en contra del expresidente Evo Morales (2006-2019). Este caso involucra a una menor de edad con quien Morales tuvo un hijo durante su mandato en 2016. Actualmente existe una orden de aprehensión pendiente contra el exmandatario, un hecho que ha generado gran expectación pública debido a su relevancia política y social. La viceministra subrayó la necesidad de dar una respuesta clara al país sobre este asunto, recordando que hay una víctima menor involucrada.
Desde finales del año 2024, Evo Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical más importante. Allí es protegido por numerosos seguidores que han dificultado la ejecución de la orden judicial en su contra. En las últimas semanas Morales ha mantenido un perfil bajo debido a problemas de salud derivados de un cuadro de dengue. Sin embargo, surgieron versiones no confirmadas sobre una posible salida del país hacia México, situación sobre la cual el Gobierno actual no ha emitido pronunciamiento oficial.
Además del caso Morales, existen múltiples investigaciones vinculadas con abusos sexuales cometidos por miembros del clero católico en Bolivia, particularmente dentro de la Compañía de Jesús. Algunos implicados ya han fallecido, lo cual complica aún más el esclarecimiento total de los hechos. En 2023 se dictaron sentencias contra dos exprovinciales jesuitas españoles —Ramón Alaix y Marcos Recolons— quienes fueron condenados a prisión por encubrimiento relacionado con abusos perpetrados por Alfonso Pedrajas, sacerdote fallecido en 2009.
La atención pública hacia estos casos incrementó considerablemente tras una investigación periodística internacional publicada en abril de 2023, que reveló los diarios personales del sacerdote Pedrajas. Estos documentos contenían referencias detalladas sobre abusos cometidos durante su dirección en el Colegio Juan XXIII desde 1971, afectando presuntamente a decenas de niños.
Otro proceso pendiente importante es el relativo al jesuita español Luis María Roma, quien murió en 2019 poco después de iniciarse una investigación interna dentro de su orden por denuncias similares relacionadas con abusos sexuales a menores. En 2019 se hizo pública esta denuncia basada en fotografías y testimonios anónimos que apuntaban al presunto agresor como responsable de múltiples delitos contra niños entre seis y doce años.
Asimismo, existen casos aún sin resolver relacionados con un exsacerdote acusado desde 2007 por abusar sexualmente de numerosos menores en un internado ubicado en Cochabamba. Este individuo huyó hacia Uruguay; aunque se intentó gestionar su extradición para enfrentar cargos en Bolivia, esta acción fue frustrada recientemente.
No solo instituciones religiosas están bajo investigación; también han surgido denuncias sobre supuestos abusos cometidos hace más de veinte años por un instructor del movimiento Scout en La Paz contra menores bajo su tutela. Estas acusaciones forman parte del amplio espectro que aborda la comisión creada para erradicar la impunidad frente a delitos sexuales cometidos dentro o fuera del ámbito institucional.
La creación y operación activa de esta comisión refleja un compromiso gubernamental para enfrentar con seriedad estas problemáticas sociales profundas que afectan especialmente a sectores vulnerables como los niños y adolescentes. A través del seguimiento conjunto entre poderes públicos se busca garantizar justicia efectiva y reparación adecuada para las víctimas mientras se fortalece la confianza ciudadana en las instituciones encargadas del cumplimiento legal
