Durante la noche del pasado sábado, se llevó a cabo un operativo conjunto entre la Alcaldía de La Paz y el equipo de inteligencia de la Policía boliviana que culminó con la intervención de una fiesta clandestina en el barrio Alto Achumani. Este evento ilegal congregaba a un número significativo de jóvenes, estimado entre 150 y 200 personas, entre las cuales se encontraban aproximadamente 50 menores de edad. La acción coordinada buscó desarticular esta reunión que contravenía las normativas municipales, poniendo en riesgo la integridad física y emocional de los adolescentes presentes.
La intervención se desarrolló con la participación activa del personal policial, Seguridad Ciudadana y la Guardia Municipal, quienes lograron ingresar al lugar donde se estaba llevando a cabo la fiesta. Allí se detectó un consumo masivo de bebidas alcohólicas entre los asistentes, lo que generó preocupación debido a la presencia notoria de menores. En respuesta, los funcionarios procedieron a desechar litros de alcohol que estaban siendo consumidos en el evento, intentando minimizar los daños derivados del consumo indebido. En total, se eliminaron alrededor de 300 litros de licor preparado artesanalmente, cuya procedencia era dudosa y no autorizada.
Durante el operativo también se encontraron elementos característicos de una fiesta ruidosa y descontrolada: dos parlantes de alto volumen destinados a amplificar la música, mesas y sillas dispuestas para facilitar la permanencia prolongada en el lugar. Más allá del alcohol, las autoridades hallaron indicios que podrían apuntar al consumo o distribución de sustancias ilícitas: una jeringa nueva junto con el envoltorio de otra fueron incautados para su posterior análisis, lo que añade un nivel adicional de preocupación sobre las actividades desarrolladas dentro del inmueble.
No obstante, no todos los asistentes pudieron ser retenidos durante la intervención. Varias personas aprovecharon una puerta auxiliar para escapar rápidamente; algunos incluso saltaron muros y atravesaron un alambrado que conectaba con un terreno baldío adyacente para evitar ser capturados. Esta acción dificultó la identificación y detención inmediata tanto de participantes como de posibles organizadores del evento. De hecho, hasta el cierre del operativo no se logró aprehender ni identificar a quienes planificaron o gestionaron la fiesta clandestina, ya que estos habrían abandonado prematuramente la propiedad, que quedó completamente desocupada tras el registro.
En cuanto al manejo diferencial según la edad legal, las autoridades procedieron con cautela para garantizar los derechos y bienestar de todos los involucrados. Las personas mayores de edad fueron retiradas del inmueble luego de comprobar su documentación personal. En contraste, entre los menores detectados en el lugar hubo dos grupos: treinta adolescentes fueron entregados a sus padres o tutores legales bajo actas firmadas que comprometen a estos adultos a reforzar su supervisión; mientras que veinte jóvenes (equilibradamente divididos entre varones y mujeres) quedaron bajo custodia directa del personal especializado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para asegurar su protección inmediata.
Este tipo de eventos ilegales representa una vulneración clara a las normativas municipales sobre reuniones sociales y pone en peligro no solo la salud física sino también emocional y social de los menores implicados. Desde la Dirección de Seguridad Ciudadana se emitió un recordatorio enfático sobre estas consecuencias adversas e hicieron un llamado urgente a los padres para fortalecer el control familiar y evitar situaciones similares en el futuro. La supervisión adecuada es fundamental para prevenir que adolescentes participen en actividades riesgosas sin acompañamiento ni autorización.
El director interino de Seguridad Ciudadana destacó además el compromiso institucional para salvaguardar los derechos fundamentales de los menores involucrados en estas circunstancias irregulares. La coordinación entre Intendencia Municipal y Defensoría busca garantizar un abordaje integral centrado en el bienestar juvenil, promoviendo medidas preventivas junto con sanciones administrativas cuando corresponda. Asimismo, enfatizó la necesidad imperiosa para que las familias asuman su responsabilidad ante episodios donde sus hijos salen sin consentimiento hacia espacios inseguros.
Este operativo refleja una respuesta concreta ante problemáticas crecientes relacionadas con fiestas clandestinas durante contextos donde las restricciones sanitarias o normativas buscan proteger a la ciudadanía. La detección temprana y actuación coordinada son herramientas clave para minimizar daños mayores tanto sociales como legales derivados del consumo excesivo o indebido de alcohol y posibles sustancias prohibidas por parte especialmente de menores. En definitiva, esta intervención contribuye a reforzar el orden público municipal al tiempo que subraya la importancia del cuidado parental dentro del entorno social actual
