El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado oficial para condenar enérgicamente el grave atentado sufrido por un periodista en la ciudad de El Alto, hecho que ha generado una profunda preocupación por la seguridad y la libertad de prensa en el país. La cartera, encabezada por Marco Antonio Oviedo, calificó este acto como una agresión terrible contra los trabajadores del gremio periodístico, subrayando que representa una amenaza directa a dos pilares fundamentales del sistema democrático: la libertad de prensa y la libertad de expresión.
La denuncia fue presentada por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), que detalló que el periodista F. Jesús Z.S. fue víctima de un secuestro y tortura el pasado 12 de febrero. Según la información suministrada por esta organización, los captores le cortaron la lengua al comunicador con un arma cortopunzante, una acción brutal y calculada destinada a silenciarlo. El informe médico que atendió al periodista confirmó que las lesiones no fueron accidentales, sino cortes finos realizados intencionalmente, lo que evidencia la gravedad y premeditación del ataque.
Este hecho ocurrió tras que el periodista cubriera un acto de campaña electoral en El Alto, lo cual añade una dimensión política a la agresión. Tanto la ANPB como la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) denunciaron este presunto intento de asesinato como un ataque directo no solo contra un profesional en particular sino contra toda la labor periodística en el país. La violencia ejercida busca claramente amedrentar y coartar el ejercicio libre del periodismo, poniendo en riesgo no solo al individuo afectado sino también a toda la comunidad informativa.
Ante esta situación crítica, el Ministerio de Gobierno reafirmó su compromiso con garantizar condiciones seguras para el desarrollo del trabajo periodístico en Bolivia. En su comunicado oficial se destacó que se ha dado instrucción a las instancias competentes para colaborar con las investigaciones con el objetivo claro de identificar y sancionar a los responsables. La cartera estatal enfatizó que no permitirá que este atroz suceso quede impune, enviando así un mensaje contundente sobre la importancia del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
La relevancia de esta denuncia radica en la amenaza directa que representa para el ejercicio periodístico libre y seguro en una ciudad emblemática como El Alto, donde los medios cumplen un papel esencial en informar y representar las voces sociales durante procesos electorales y otros acontecimientos públicos. Este ataque pone en jaque no solo al profesional agredido sino también a toda una comunidad periodística que lucha por mantener vivo el derecho a informar sin temor ni censura.
En suma, este episodio se inscribe dentro de una problemática más amplia sobre los riesgos que enfrentan los periodistas en contextos políticos sensibles y refuerza la necesidad imperiosa de acciones concretas para protegerlos. La respuesta inmediata del Ministerio de Gobierno al ordenar investigaciones exhaustivas busca sentar un precedente claro frente a actos violentos dirigidos contra quienes ejercen su labor informativa, contribuyendo así a preservar uno de los fundamentos esenciales para la democracia: una prensa libre y segura
