En respuesta a la problemática generada por el uso de un combustible presuntamente adulterado, las autoridades y representantes del sector transporte de mototaxis en Santa Cruz de la Sierra han iniciado un proceso para garantizar el resarcimiento económico a quienes resultaron afectados. Ariel Muñoz, presidente de la Federación 9 de Agosto del Plan Tres Mil, ha señalado que este proceso compensatorio no solo beneficiará a quienes actualmente enfrentan daños en sus motores, sino también a aquellos vehículos que ya fueron reparados tras sufrir perjuicios derivados del uso de la denominada “gasolina desestabilizada”.
Este esfuerzo conjunto surge luego de que se detectara que un lote de combustible distribuido en algunas regiones habría causado fallas técnicas significativas en los motorizados, afectando directamente a los pequeños transportistas que dependen de estos vehículos para su sustento diario. En este sentido, se ha programado una reunión para el miércoles próximo entre los representantes del sector mototaxi y la aseguradora contratada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entidad responsable del suministro de combustible. El objetivo principal será definir los mecanismos concretos para llevar adelante el resarcimiento económico por los daños ocasionados en los motores.
El acuerdo alcanzado con las autoridades gubernamentales contempla realizar un estudio técnico detallado sobre cada caso particular, especialmente para aquellos vehículos que ya hayan sido intervenidos previamente con reparaciones. A partir de esta evaluación se determinará el monto a ser compensado, buscando cubrir íntegramente los gastos incurridos por los propietarios afectados. Además, se establecerá una red de talleres autorizados donde se realizarán las reparaciones correspondientes para quienes aún presentan problemas mecánicos derivados del consumo del combustible defectuoso.
Si bien aún se espera un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno Nacional que delimite con precisión el alcance y condiciones del seguro contratado para estos casos específicos, los líderes gremiales manifiestan confianza en que las soluciones serán ágiles y efectivas. Para ello, en las mesas técnicas convocadas se definirán también los requisitos necesarios para acceder al resarcimiento. Cabe destacar que existe un compromiso expreso por parte de las autoridades para evitar trámites burocráticos o procedimientos notariales que podrían demorar la entrega de las compensaciones, priorizando una atención inmediata y sin obstáculos innecesarios.
El impacto geográfico del problema fue principalmente detectado en departamentos como Santa Cruz y Beni, donde según versiones oficiales es donde se distribuyó mayormente el combustible comprometido. No obstante, denuncias similares han sido presentadas por transportistas en otras regiones como La Paz, Cochabamba y Oruro, quienes también han manifestado su preocupación y exigido medidas compensatorias ante las pérdidas ocasionadas. En este contexto, la expectativa es que el resarcimiento pueda extenderse a todo el sector mototaxi a nivel nacional e incluso abarcar vehículos particulares afectados.
Los daños técnicos más recurrentes causados por esta gasolina adulterada afectan componentes sensibles como las culatas y las válvulas de combustión; en casos más graves, también los pistones han sufrido deterioros considerables. Estos desperfectos comprometen seriamente el funcionamiento normal de los motores y representan un costo significativo para los propietarios debido a la necesidad urgente de reparaciones especializadas.
En definitiva, esta situación ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del sector transporte frente a problemas relacionados con la calidad del combustible y ha movilizado tanto a organizaciones gremiales como al Estado para buscar soluciones conjuntas. La coordinación entre YPFB, la aseguradora involucrada y los representantes de los mototaxistas refleja un esfuerzo orientado no solo a reparar daños económicos inmediatos sino también a fortalecer mecanismos preventivos para evitar futuras contingencias similares que afecten la movilidad y economía local
