La exdiputada Lidia Patty enfrenta desde hace casi dos meses una situación judicial compleja que la mantiene recluida en el penal de Obrajes, en La Paz, mientras espera que la Fiscalía formule una acusación formal y se inicie un juicio en su contra. Este proceso está vinculado al desfalco millonario que afectó al Fondo Indígena, un escándalo de corrupción que ha tenido repercusiones profundas en el ámbito político y social del país. Junto a Patty, otros implicados en este caso, entre ellos el expresidente Luis Arce, también están detenidos, aunque en diferentes recintos penitenciarios.

La situación de Patty no es reciente ni casual. En sus declaraciones a EL DEBER, la exparlamentaria ha detallado cómo un asesor técnico involucrado en proyectos financiados por el Fondo Indígena exigía pagos adicionales a los beneficiarios para asegurar la aprobación y ejecución de iniciativas destinadas a comunidades indígenas. Según su testimonio, este técnico solicitaba sumas significativas, llegando incluso a pedir hasta 200.000 bolivianos a ciertos grupos aliados al gobierno anterior, como las Mujeres Bartolina Sisa. Esta denuncia pone en evidencia la existencia de prácticas corruptas y extorsivas dentro de la administración del Fondo durante la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS).

Patty ha sostenido que intentó denunciar estas irregularidades ante las autoridades correspondientes desde años atrás, señalando específicamente a miembros del directorio del Fondo Indígena como Elvira Parra y Felipa Huanca. Sin embargo, asegura que sus denuncias fueron recibidas con silencio y presión, llegando incluso a ser objeto de persecución para forzarla a retractarse públicamente ante el supuesto “técnico” implicado. Esta dinámica refleja no solo un ambiente hostil para quienes intentan denunciar actos ilícitos dentro de organizaciones aliadas al gobierno anterior sino también las dificultades para que estas investigaciones avancen con transparencia y efectividad.

El caso tiene raíces profundas que se remontan a una denuncia presentada en 2012 contra un empresario identificado como gerente general de una empresa contratista del Fondo Indígena. En ese momento, la Fiscalía decidió no abrir investigación por falta de pruebas suficientes, lo que permitió que las irregularidades continuaran sin castigo durante varios años más. Esta situación es significativa porque anticipó el escándalo mayor que estallaría posteriormente sobre el desfalco masivo al Fondo Indígena, reconocido como uno de los casos más graves de corrupción durante el gobierno de Evo Morales.

Actualmente, Lidia Patty cumple prisión preventiva tras su aprehensión ocurrida en diciembre pasado. Antes de su encarcelamiento ejerció funciones consulares en Argentina y fue diputada por el MAS entre 2014 y 2020. A pesar de su situación legal adversa, mantiene firme su postura sobre la injusticia política detrás de su detención y relata cómo ha sido recibida dentro del penal por otras internas que reconocen su figura pública y conocen las circunstancias que ella denuncia.

El proceso judicial contra Patty se sustenta en una serie de 37 actos investigativos realizados por la Fiscalía, incluyendo auditorías internas que evidenciaron irregularidades graves relacionadas con un proyecto específico financiado con casi 670 mil bolivianos provenientes del Fondo Indígena. La complejidad del caso se refleja también en las imputaciones contra otras figuras vinculadas al directorio del Fondo y dirigentes sociales afines al MAS, así como autoridades ministeriales involucradas en la gestión económica durante ese periodo.

Un abogado defensor vinculado al exdirector fallecido del Fondo Indígena ha señalado que los patrones descritos por Patty coinciden con uno de los métodos utilizados para desviar recursos públicos: la exigencia ilegal de pagos adicionales por parte de asesores técnicos para aprobar proyectos destinados a comunidades indígenas. Según esta visión, estos actos constituyen un robo directo contra las poblaciones originarias que debían beneficiarse con estos fondos estatales.

Entre los acusados también figura Nemesia Achacollo, quien enfrenta procesos judiciales relacionados con múltiples proyectos observados por irregularidades; asimismo Luis Arce está detenido por autorizar depósitos ilegales usando recursos públicos hacia cuentas personales vinculadas a exdirigentes sociales. Estos hechos revelan un entramado complejo donde se vinculan dirigentes sociales históricamente aliados al MAS con funcionarios estatales encargados de administrar fondos destinados al desarrollo rural e indígena.

Lidia Patty ha rechazado categóricamente cualquier acusación en su contra basada en corrupción personal y afirma haber sido víctima de una persecución política motivada por sus denuncias previas sobre irregularidades dentro del Fondo Indígena. Explica además cómo luego de presentar denuncias formales fue hostigada para desistir públicamente mediante acuerdos forzados que incluían disculpas hacia quienes ella identifica como responsables directos del esquema corrupto.

Este caso pone en relieve no solo las dificultades estructurales para investigar y sancionar actos corruptos vinculados a fondos públicos destinados a sectores vulnerables sino también los riesgos personales y políticos enfrentados por quienes deciden denunciar estas prácticas desde adentro mismo del sistema o desde organizaciones sociales afines al poder político vigente.

En definitiva, el proceso judicial abierto contra Lidia Patty es un reflejo más amplio de las luchas internas dentro del aparato político-social vinculado al manejo del Fondo Indígena; representa además un desafío para la justicia boliviana respecto a cómo abordar casos complejos donde convergen intereses políticos, sociales y económicos alrededor del uso indebido de recursos públicos destinados históricamente a comunidades originarias empobrecidas. Mientras tanto, Patricia permanece privada de libertad aguardando el desarrollo formal del proceso penal que podría definir finalmente su situación jurídica después de meses sin avances sustanciales hacia una resolución definitiva