En los últimos días, se ha generado una creciente preocupación entre los conductores a nivel nacional debido a reportes que apuntan a la posible presencia de una gasolina de baja calidad en el mercado, la cual estaría afectando negativamente el funcionamiento de los motores de los vehículos. Esta inquietud ha cobrado relevancia en distintos sectores, especialmente entre los responsables de la distribución y venta del combustible, quienes enfrentan cuestionamientos sobre la procedencia y las características del producto que ofrecen a los consumidores.
En este contexto, Susy Dorado, gerente de la Asociación de Surtidores de Santa Cruz (Asosur), ha aclarado que las estaciones de servicio no tienen responsabilidad directa sobre la calidad del combustible que se comercializa. Según explicó, el abastecimiento y distribución del combustible es gestionado exclusivamente por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa estatal encargada de la producción y suministro. Por lo tanto, las estaciones actúan únicamente como intermediarias en la venta al público, sin intervenir en procesos clave como la compra, almacenamiento o mezcla del combustible con aditivos como el etanol.
Dorado enfatizó que Asosur no posee control alguno sobre las etapas previas a la llegada del combustible a las estaciones, subrayando que no son quienes realizan las mezclas ni manipulan el producto antes de su comercialización. Esta distinción es importante para comprender las limitaciones que enfrentan los surtidores ante las denuncias relacionadas con problemas técnicos en motores posiblemente atribuibles a un combustible deficiente. La gerente destacó que su sector ha tomado medidas formales para abordar esta situación y exigir mayor transparencia: se han enviado notas oficiales tanto a YPFB como a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) solicitando que se investigue a fondo el tema y se brinde información clara y accesible sobre la calidad del combustible distribuido.
Además, Asosur ha planteado la necesidad urgente de implementar un control de calidad independiente. Dorado señaló que aunque YPFB asegura contar con laboratorios equipados con tecnología avanzada para analizar el combustible en sus refinerías, esto no es suficiente para generar confianza plena entre los consumidores ni entre los actores involucrados en su comercialización. La propuesta consiste en contratar una empresa externa e imparcial, sin vínculos ni con YPFB ni con los surtidores, que pueda certificar objetivamente si el producto cumple o no con los estándares internacionales establecidos por las normativas vigentes. Esta medida tiene como fin garantizar transparencia y seguridad tanto para quienes venden como para quienes compran gasolina.
La inquietud sobre la calidad del combustible tiene implicaciones directas para millones de usuarios que dependen diariamente de sus vehículos particulares o comerciales. Un combustible adulterado o por debajo de los parámetros requeridos puede generar daños mecánicos importantes, incrementar costos por reparaciones y afectar el desempeño general del motor. Por ello, contar con controles rigurosos y mecanismos claros para verificar la procedencia y calidad del carburante es fundamental para proteger tanto al consumidor final como a toda la cadena productiva vinculada al transporte.
En suma, lo sucedido pone en evidencia una problemática estructural relacionada con los procesos internos dentro de YPFB y su capacidad para garantizar un suministro adecuado y confiable. También resalta la necesidad de establecer protocolos más estrictos y transparentes que permitan detectar posibles irregularidades antes de que lleguen al mercado. La demanda por controles independientes refleja un reclamo social legítimo orientado a fortalecer la confianza pública en un servicio esencial para el desarrollo económico y cotidiano del país.
Mientras tanto, Asosur continúa su gestión para buscar respuestas oficiales claras y promover acciones concretas orientadas a certificar efectivamente la calidad del combustible vendido en las estaciones. La expectativa generalizada es que estas medidas contribuyan a resolver las dudas existentes y eviten mayores perjuicios técnicos o financieros derivados del consumo de gasolina potencialmente dañina. En definitiva, esta situación subraya el rol fundamental que deben desempeñar tanto las autoridades regulatorias como las empresas involucradas en asegurar un estándar mínimo indispensable para preservar el bienestar colectivo y garantizar un servicio energético confiable
