La reciente controversia generada en torno a las tarifas diferenciadas para la acreditación de periodistas en la cobertura del Carnaval de Oruro 2026 ha reavivado un debate fundamental sobre la libertad de prensa, la ética periodística y el acceso a la información pública. Este evento, reconocido mundialmente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, se encuentra ahora en el centro de una polémica que cuestiona las condiciones bajo las cuales los medios pueden informar sobre una manifestación cultural de gran relevancia para Bolivia y el mundo.
El conflicto surge a partir del anuncio del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro (STPO), que estableció un tarifario para la acreditación de periodistas interesados en cubrir el Carnaval. Según esta disposición, los profesionales locales deben abonar Bs 20, mientras que los periodistas nacionales y corresponsales internacionales tienen que pagar Bs 80 y Bs 100 respectivamente. Estas tarifas se aplican principalmente para el acceso a palcos oficiales ubicados en uno de los tramos más emblemáticos del recorrido, la avenida Cívica. La medida ha sido defendida por el sindicato bajo el argumento de que dicha acreditación no es obligatoria y que los reporteros pueden realizar su trabajo desde otras áreas de la ciudad.
Sin embargo, esta defensa no ha logrado mitigar las críticas provenientes tanto de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) como de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI). Ambas organizaciones han rechazado categóricamente cualquier cobro por acreditación, argumentando que ningún periodista debe pagar para ejercer su labor informativa. En un pronunciamiento conjunto emitido desde La Paz, estas entidades calificaron la medida como “reprochable” y advirtieron que condicionar el acceso a la cobertura periodística mediante una tarifa representa una restricción inaceptable al derecho fundamental que tiene la población a estar informada.
Este escenario pone en evidencia un problema mayor: más allá del monto económico involucrado, existe un riesgo latente en cuanto a la normalización de prácticas que condicionan y limitan el libre ejercicio del periodismo. En efecto, cuando se impone un costo para cubrir eventos públicos o culturales, se corre el peligro de transformar el acceso a la información en una mercancía sujeta a pagos arbitrarios. Esto va directamente en contra del papel social del periodismo como garante del derecho ciudadano a conocer y entender fenómenos relevantes que forman parte del patrimonio colectivo.
La relevancia internacional del Carnaval de Oruro intensifica esta preocupación. Al ser declarado patrimonio cultural inmaterial por la Unesco, este evento debe contar con una difusión amplia y sin restricciones conforme a estándares internacionales. La ACPI ya había señalado en años anteriores que cobrar por cubrir un evento patrimonial contradice el espíritu mismo de dicha declaratoria internacional, cuyo objetivo principal es promover la visibilidad global y preservar estas expresiones culturales mediante su divulgación pública. Desde una perspectiva ética, también se suma al debate el análisis planteado por instituciones como la Fundación Gabo, que advierte sobre los riesgos éticos inherentes al hecho de pagar por acceder a información pública esencial: esto vulnera los principios básicos según los cuales el conocimiento debe ser considerado un bien social y no un producto comercial.
En respuesta al conflicto generado, ANPB y ACPI lograron establecer un diálogo con representantes del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía. De esta reunión surgió un acuerdo importante: para el sábado 14 de febrero se permitirá una cobertura irrestricta del Carnaval por parte de periodistas debidamente identificados con sus credenciales oficiales. Esta disposición implica que los trabajadores de prensa podrán circular libremente por toda la ruta oficial de la Peregrinación hacia la Basílica Menor de Nuestra Señora del Socavón portando sus equipos sin necesidad alguna de pagar tarifas adicionales.
Este acuerdo representa un avance significativo para garantizar las condiciones mínimas necesarias para ejercer periodismo sin censura ni trabas económicas durante uno de los eventos culturales más emblemáticos del país. Sin embargo, las asociaciones gremiales han hecho un llamado urgente a todos los periodistas nacionales e internacionales para acudir sin pagar ninguna acreditación y documentar cualquier caso donde se presenten represalias o impedimentos al ejercicio profesional. La intención es poder denunciar formalmente estos hechos ante las instancias correspondientes si llegaran a ocurrir.
Más allá del conflicto puntual generado alrededor del Carnaval 2026, esta situación vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en Bolivia acerca del equilibrio entre organización logística y control institucional sobre espacios públicos frente al respeto irrestricto al trabajo periodístico independiente. Para los gremios profesionales, no solo está en juego una cuestión económica puntual sino también principios fundamentales como el derecho a informar y ser informado sin condiciones ni limitaciones arbitrarias.
En última instancia, este debate refleja cómo eventos culturales reconocidos globalmente deben ser accesibles no solo al público general sino también a quienes tienen como misión social difundirlos con transparencia y libertad. Al subrayar que “el derecho a informar y a ser informados no puede estar sujeto a tarifas”, las organizaciones periodísticas reivindican no solo el valor simbólico e histórico del Carnaval sino también pilares esenciales para consolidar sociedades democráticas donde circulen libremente ideas e información relevante para todos sus ciudadanos
