A más de una década del estallido del escándalo que sacudió la administración pública durante el gobierno de Evo Morales, la Fiscalía Departamental de La Paz ha reactivado un nuevo proceso penal contra la exministra Nemesia Achacollo, vinculada directamente al desfalco del Fondo Indígena. Este caso, considerado uno de los más emblemáticos en materia de corrupción estatal en Bolivia, continúa sin resolverse plenamente, ya que el primer proceso judicial, iniciado hace años, aún no ha llegado a la etapa de juicio oral.
Las investigaciones que rodean este entramado de irregularidades apuntan a Achacollo como una figura clave en las irregularidades cometidas por dirigentes afines al Movimiento al Socialismo (MAS), específicamente aquellos vinculados al Pacto de Unidad, quienes estuvieron encargados de administrar los recursos del Fondo Indígena. Los informes fiscales revelan que, aunque Achacollo formaba parte del directorio y no asistía regularmente a las reuniones, sí firmó numerosos contratos sin la debida supervisión ni respaldo adecuado. Además, se detectaron actas con denuncias sobre el incumplimiento reiterado de proyectos financiados por el fondo, los cuales ella aprobaba a pesar de estas advertencias.
El reciente avance en la causa responde a una ampliación dentro del proceso penal ya existente y se vincula con otras figuras políticas igualmente implicadas. Entre los detenidos se encuentran el expresidente Luis Arce, investigado por su desempeño cuando fue ministro de Economía, y la exdiputada del MAS Lidia Patty. Esta última fue arrestada poco después de haber sido removida de su cargo diplomático como cónsul en Argentina. La Fiscalía sostiene que Patty y un grupo de dirigentes de la organización Mujeres Bartolina Sisa fueron responsables directos del proyecto “Producción de tomate en invernaderos en ocho comunidades” dentro del departamento paceño.
El proyecto tenía asignado un presupuesto cercano al millón de bolivianos; sin embargo, las pesquisas fiscales evidencian que solo se desembolsó una parte menor y que estos fondos fueron transferidos a cuentas personales vinculadas a Patty con la autorización expresa del entonces ministro Arce. Esta transferencia carecería del respaldo legal necesario según el Ministerio Público. En cuanto al desarrollo del proyecto, las irregularidades son múltiples: no solo hubo un avance físico y financiero incompleto pese a haber recibido una proporción significativa del costo total, sino también un deterioro evidente y abandono posterior. La exdiputada presentó descargos mínimos ante auditorías internas, lo que agrava su situación.
El fiscal encargado informó que esta ampliación fue comunicada formalmente al juez responsable y anunció que se solicitará colaboración a fiscales del departamento de Santa Cruz para proceder con la detención domiciliaria de Achacollo en ese lugar. La convocatoria formal para que la exministra comparezca como sindicada incluirá cargos por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.
Es importante recordar que cuando se presentó inicialmente la imputación contra Luis Arce el pasado diciembre, se argumentó la necesidad de su detención preventiva para evitar posibles presiones o influencias sobre testigos aún pendientes por declarar. Entre estos testigos figuran varias personas vinculadas directamente con el Fondo Indígena y organizaciones afines al MAS; algunos podrían eventualmente pasar a ser imputados conforme avance el proceso.
Respecto al primer proceso penal en contra de Achacollo, este está basado en una auditoría realizada por la Contraloría General del Estado que detectó irregularidades en 153 proyectos financiados por el Fondo Indígena. A pesar del tiempo transcurrido desde su revelación pública hace casi una década y media, el juicio oral todavía no ha comenzado debido a retrasos administrativos y procesales; el pliego acusatorio permanece retenido desde mayo reciente por el Juzgado Anticorrupción 12.
Expertos legales han advertido sobre la necesidad de coordinar ambos procesos para evitar situaciones como el doble juzgamiento o contradicciones legales entre las causas paralelas. En este entramado judicial también están implicados otros exfuncionarios y dirigentes sociales vinculados con los proyectos investigados; algunos enfrentan penas potenciales significativas por delitos similares relacionados con malversación y corrupción administrativa.
La persistencia e intensidad con que este caso sigue ocupando espacios judiciales refleja no solo la complejidad institucional para resolver grandes escándalos vinculados a fondos públicos sino también la relevancia social que tiene para sectores indígenas y comunidades beneficiarias afectadas por estos hechos. El desenlace definitivo será clave para establecer precedentes en materia anticorrupción y restaurar confianza en las instituciones encargadas del manejo transparente de recursos estatales destinados al desarrollo comunitario
