El Ministerio Público ha decidido profundizar la investigación contra la exministra Nemesia Achacollo en el marco del caso que involucra el desfalco al Fondo Indígena, un escándalo que ha tenido repercusiones significativas en la esfera política y judicial del país. Esta ampliación de la pesquisa no solo reafirma la gravedad de las acusaciones, sino que también evidencia el avance en las acciones legales contra quienes habrían estado involucrados en el manejo irregular de recursos públicos destinados a proyectos indígenas.
Según informó el fiscal a cargo, Miguel Cardozo, la exministra, quien formó parte del gabinete durante la administración de Evo Morales, ahora enfrenta cargos adicionales que incluyen incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias. Estos cargos surgen tras una revisión detallada de su participación dentro del directorio del Fondo Indígena, donde se constató una ausencia reiterada en reuniones clave y la aprobación de contratos a pesar de evidencias claras contenidas en actas sobre el incumplimiento de los proyectos financiados con los recursos públicos.
La investigación ha revelado que Nemesia Achacollo firmó contratos relacionados con el Fondo Indígena y que, pese a tener conocimiento de las irregularidades y del avance deficiente o nulo de ciertos proyectos, continuó autorizando su ejecución. Esta conducta pone en entredicho su responsabilidad como funcionaria pública encargada de supervisar y garantizar un uso adecuado y transparente de los fondos asignados para beneficiar a comunidades indígenas.
Actualmente, la Fiscalía se encuentra coordinando con sus homólogos del departamento donde reside Achacollo para proceder con su notificación formal. El objetivo es que la exministra comparezca ante las autoridades judiciales para declarar en calidad de sindicada, lo que representa un paso crucial para avanzar en el proceso penal y esclarecer su grado de implicación en este caso emblemático.
Este caso tiene además una dimensión política importante debido a que ya ha derivado en consecuencias legales para otras figuras relevantes. En particular, el expresidente Luis Arce, quien era ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales cuando estalló el escándalo del desfalco millonario al Fondo Indígena, permanece detenido preventivamente desde diciembre pasado. Arce cumple esta medida cautelar en el penal de San Pedro de La Paz mientras continúa su proceso judicial.
El desfalco al Fondo Indígena no solo representa una crisis financiera sino también una profunda afectación a las comunidades originarias para quienes estaban destinados estos recursos. La corrupción evidenciada en este caso genera un impacto directo sobre los programas sociales y proyectos productivos diseñados para mejorar las condiciones de vida y desarrollo sostenible de estas poblaciones. Por ello, la ampliación investigativa contra Nemesia Achacollo refleja también un esfuerzo por responder a las demandas ciudadanas y fortalecer la rendición de cuentas dentro del sector público.
En definitiva, esta nueva fase en la investigación pone bajo lupa nuevamente a actores clave vinculados al manejo irregular del Fondo Indígena y subraya la importancia del seguimiento judicial riguroso para garantizar justicia y transparencia. La expectativa está puesta ahora en las próximas declaraciones y acciones procesales que permitan avanzar hacia una resolución justa y efectiva frente a uno de los casos más resonantes relacionados con corrupción estatal reciente
