El presidente Rodrigo Paz Pereira y el vicepresidente Edman Lara se encuentran actualmente en Panamá, ejerciendo sus funciones desde el exterior bajo el amparo del decreto 5515, aprobado a finales del año pasado. Esta normativa permite la implementación del gobierno a distancia y autoriza el uso de la firma electrónica para la toma de decisiones oficiales.

Especialistas en historia y análisis político consideran que esta situación es inédita en la historia reciente del país, ya que tradicionalmente se respetaba una línea clara de sucesión en el mando. Según expertos, nunca antes se había registrado un escenario en el que ambos máximos representantes del Ejecutivo se encontraran simultáneamente fuera del territorio nacional sin delegar formalmente sus responsabilidades.

El presidente Paz viajó a Panamá para participar en el II Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por la CAF, sin delegar la presidencia, amparado en el decreto que establece el despacho virtual. Por su parte, el vicepresidente Lara se desplazó al mismo destino para asistir a una sesión del Parlamento Andino, también sin dejar un representante interino en el país.

El abogado Ludwing Valverde ha señalado que esta modalidad plantea un desorden institucional y normativo, ya que la implementación de un gobierno electrónico requiere reformas legales profundas, incluyendo cambios en la Constitución Política del Estado para contar con un respaldo jurídico sólido.

Desde el Ejecutivo se sostiene que no existe vacío de poder, argumentando que el presidente continúa en funciones mediante el gobierno electrónico, conforme al decreto 5515, que fue emitido el 29 de diciembre de 2025. Este mecanismo, sin embargo, es exclusivo para el presidente, mientras que en ausencia de ministros se sigue la práctica tradicional de designar autoridades interinas.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilson Santamaría, ha defendido la vigencia y legalidad del decreto, asegurando que cuenta con el aval del vicepresidente y rechazando críticas que califican la situación como una controversia malintencionada o producto de una mala interpretación normativa.

No obstante, expertos insisten en que para aplicar plenamente el gobierno electrónico es necesario modificar la Constitución, ya que el decreto por sí solo no tiene la validez suficiente para alterar la estructura del poder ejecutivo. Además, analistas consideran que este episodio refleja una crisis ideológica y doctrinaria en los partidos políticos, recordando que en el pasado existían reglas claras para la sucesión y delegación, como se evidenció en 2003 cuando el vicepresidente Carlos Mesa abandonó el gobierno en medio de una ruptura con el presidente de entonces.

Cabe destacar que el vicepresidente Edman Lara ha expresado su desacuerdo con el decreto que habilita el gobierno digital, lo que añade un matiz de tensión a la actual dinámica del Ejecutivo