El incremento en los precios del diésel y la gasolina ha provocado una caída significativa en la demanda de combustibles en Bolivia, según análisis del economista Fernando Romero. Este ajuste en los costos, tras la eliminación de subsidios, ha generado un descenso notable en el consumo, particularmente en la demanda especulativa.
Romero señaló que anteriormente se sobreimportaba aproximadamente un 40% más de carburantes, una cantidad que en gran parte era desviada hacia el contrabando, abasteciendo vehículos ilegales y actividades ilícitas. Esta situación implicaba un gasto anual superior a los 11 mil millones de dólares en importaciones de combustibles, cifra que representaba un uso considerable de recursos nacionales.
Con la reciente eliminación de subsidios, el gobierno ha logrado reducir significativamente estos gastos, estimándose un ahorro diario cercano a los 10 millones de dólares. Aunque aún no se han publicado datos oficiales detallados sobre el impacto total, se observa una disminución en el contrabando y la desaparición de las largas filas en las estaciones de servicio, que antes eran comunes debido a la alta demanda especulativa y el bajo precio del combustible en el país en comparación con naciones vecinas.
Además, la compra masiva de carburantes en bidones, que se destinaba mayormente a la reventa fuera del mercado interno, ha prácticamente cesado. Esto indica un ajuste en el consumo hacia niveles más sostenibles y orientados al uso legítimo.
Respecto a la situación energética nacional, se considera que Bolivia enfrenta una emergencia desde hace algún tiempo, dado que la importación de combustibles supera con creces las exportaciones. Existe la preocupación de que en los próximos años sea necesario importar Gas Licuado de Petróleo (GLP), lo que plantea un desafío importante para el país y la necesidad de evaluar opciones como la exploración de nuevas áreas productivas o la búsqueda de alternativas energéticas.
En cuanto a la normativa vigente, el decreto 5517 ha abierto la posibilidad de que cualquier persona con la capacidad técnica y financiera pueda participar en la importación y comercialización de combustibles. Aunque esta medida es relevante, su alcance estará condicionado por factores como la infraestructura disponible y otras limitaciones operativas.
Finalmente, la eliminación del diésel de la lista de sustancias controladas facilita su adquisición por parte de pequeños productores agropecuarios, lo que podría beneficiar a este sector al reducir costos y mejorar el acceso al carburante necesario para sus actividades
