En un esfuerzo conjunto para proteger la integridad y continuidad del proceso electoral subnacional previsto para marzo de 2026, las principales entidades del sistema judicial y electoral suscribieron un acuerdo interinstitucional en la ciudad de Sucre. Esta iniciativa responde a la creciente judicialización de la política y a la proliferación de recursos legales que podrían poner en riesgo el calendario electoral establecido.
El pacto fue rubricado por representantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, en el marco de una reunión de coordinación electoral para las próximas elecciones subnacionales.
El presidente del TSE, Gustavo Ávila, explicó que el convenio busca evitar que disputas políticas o acciones judiciales paralicen o distorsionen el desarrollo del proceso electoral. El acuerdo, que consta de once puntos, compromete a las instituciones firmantes a garantizar el respeto de los derechos políticos y la participación ciudadana durante todo el proceso, protegiendo a votantes, candidatos y organizaciones políticas bajo los principios de legalidad y preclusión.
Un aspecto fundamental del acuerdo es la defensa del principio de preclusión, que actúa como un mecanismo para impedir la reversión o suspensión de etapas electorales ya concluidas. Ávila destacó que sin este principio no es posible asegurar reglas claras, igualdad ni confianza en el proceso electoral, por lo que protegerlo equivale a salvaguardar la democracia.
El documento también establece responsabilidades específicas para el Órgano Judicial. El Consejo de la Magistratura asumió el compromiso de supervisar la actuación de jueces y vocales que desempeñen funciones como garantes constitucionales, asegurando que actúen con independencia, respeto al debido proceso, legalidad y preclusión. Además, se contempla la posibilidad de iniciar procedimientos disciplinarios contra quienes excedan sus atribuciones o interfieran indebidamente en el proceso electoral.
Por su parte, el TSE aclaró que implementará únicamente medidas preventivas de carácter administrativo electoral, las cuales no deben confundirse con medidas cautelares constitucionales, competencia exclusiva del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Esta delimitación busca evitar conflictos institucionales que puedan afectar el avance del proceso.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer Arancibia, enfatizó que las acciones constitucionales relacionadas con el proceso electoral son decisiones personales de quienes las presentan, y que la responsabilidad de emitir resoluciones recae en las autoridades jurisdiccionales competentes conforme a la ley. Además, destacó el compromiso del Consejo de la Magistratura de apoyar el desarrollo electoral bajo el principio de precaución, realizando fiscalizaciones y acompañando los amparos que se presenten para fortalecer la seguridad jurídica.
El Ministerio Público también se comprometió a priorizar la atención de denuncias por delitos electorales, con el objetivo de evitar la impunidad y garantizar que las infracciones sean debidamente sancionadas. Asimismo, se hizo un llamado a las asambleas legislativas departamentales y a la Cámara de Diputados para agilizar la designación de vocales electorales en departamentos clave, considerados esenciales para la organización de los comicios.
La vicepresidenta del TSE, Ximena Camacho, resaltó que el encuentro busca fortalecer la cooperación entre los órganos constitucionales del Estado, subrayando que la gestión del proceso electoral requiere un respaldo institucional amplio y coordinado. Según Camacho, la experiencia democrática demuestra que la solidez de los procesos electorales depende en gran medida del acompañamiento de las demás instituciones estatales.
Este acuerdo refleja una postura conjunta de los órganos Electoral y Judicial para enfrentar un contexto de alta conflictividad y judicialización, con el fin de evitar que la vía judicial se utilice como un instrumento de bloqueo. El objetivo es asegurar que el proceso electoral subnacional avance sin interrupciones, preservando el Estado de derecho, la seguridad jurídica y la confianza de la ciudadanía
