Tras una semana de bloqueos que paralizaron el tránsito vehicular, especialmente en el eje troncal del país, las rutas comenzaron a liberarse de manera progresiva. Sin embargo, durante la mañana persistieron resistencias en la región del Chapare, aunque para el final de la tarde se confirmó que las vías quedaron despejadas para la circulación.

Pese a la apertura de caminos, organizaciones sociales del Chapare vinculadas al evismo, junto con sectores radicales como la dirigencia del magisterio, mantienen el estado de alerta y emergencia, preparados para reactivar sus movilizaciones en caso de ser necesario.

En Cochabamba, los campesinos que bloqueaban en la zona de Pirque-Parotani realizaron un cabildo antes de levantar su protesta. En este encuentro decidieron conformar la “Coordinadora departamental en defensa de la economía popular, recursos naturales y defensa de la soberanía de la patria”, con el objetivo de estar atentos a futuras acciones de protesta contra el Gobierno.

En el punto de bloqueo del puente Ichilo también se levantaron las medidas tras más de una semana, aunque los manifestantes ratificaron que el estado de emergencia se mantiene hasta que se oficialice la abrogación del Decreto 5503. Un dirigente local indicó que, aunque el bloqueo se levantó, la alerta continúa y que están actuando conforme a las instrucciones de la Central Obrera Boliviana (COB).

No obstante, algunas organizaciones sociales disidentes no respaldan las decisiones de la COB ni de las dirigencias radicales. Tal es el caso de los “Trabajadores por cuenta propia” de Potosí, quienes desconocen a la dirigencia de la COB, argumentando que esta no representa los intereses reales de los trabajadores, sino que defiende agendas políticas vinculadas al MAS y al evismo. Su representante, Grover Rodríguez, criticó duramente a la COB por priorizar beneficios económicos y políticos en lugar de las necesidades de los trabajadores.

Por otro lado, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), bajo el liderazgo de Víctor Roca, afirmó que algunas voces en los bloqueos responden a intereses personales y políticos, deslindando responsabilidad de su organización, que es la única reconocida por la COB. Roca respaldó la decisión de levantar las medidas de presión tras la abrogación del mencionado decreto.

Desde el Gobierno, se informó que continúan las labores conjuntas con la COB para elaborar un nuevo decreto que sustituya al Decreto 5503, tal como se acordó recientemente.

Con la reapertura gradual de las carreteras, el tránsito retorna a la normalidad, aunque transportistas denunciaron daños en la infraestructura vial ocasionados durante las protestas. Lucio Gómez, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, condenó los destrozos provocados por sectores movilizados, señalando el costo que implica la reparación de las vías y cuestionando quién asumirá esos gastos.

De acuerdo con cifras oficiales, cada día de bloqueo generó pérdidas económicas estimadas en 20 millones de dólares para la economía nacional