La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) ha iniciado una investigación administrativa relacionada con una fundación y seis estaciones de radio que obtuvieron licencias y frecuencias bajo circunstancias cuestionables durante la gestión presidencial actual. El director ejecutivo de la ATT, Carlos Ágreda, confirmó que la revisión se enfoca en la Fundación Comunicación Libertad y Democracia, la cual obtuvo personería jurídica como entidad sin fines de lucro y, a través de esta figura, consiguió seis licencias para la cadena radial “Onda Colectiva”, que operaba en varias regiones del país.
Ágreda destacó que, según los documentos revisados, no aparece el nombre de Gabriela Alcón, exviceministra vinculada a estas emisoras. Sin embargo, la diputada Lissa Claros, perteneciente al bloque Libre, sostiene que Alcón es propietaria de las radios y acusa que la fundación logró su personería mediante tráfico de influencias. La legisladora presentó una denuncia formal ante la Fiscalía, en la que también señala presuntas irregularidades en la asignación de publicidad estatal a estas emisoras, resaltando contratos con entidades como YPFB que superan los 650 mil bolivianos, sumando más de 2 millones de bolivianos en beneficios para la cadena radial.
El director de la ATT explicó que las licencias otorgadas no parecen haber cumplido con los estándares de transparencia requeridos y que, aunque se acogieron al régimen de radios comunitarias sin fines de lucro, la actividad de la cadena se asemeja más a la de radios comerciales. Además, se encontraron contratos entre Onda Colectiva y el Ministerio de la Presidencia, los cuales fueron remitidos a las autoridades correspondientes para verificar su legalidad y cumplimiento.
Aunque hasta el momento la ATT no ha recibido notificaciones formales relacionadas con la denuncia, la entidad inició una revisión interna de oficio tras conocer los señalamientos en medios de comunicación. Ágreda señaló que se está realizando una evaluación exhaustiva de los expedientes para determinar si la documentación técnica presentada corresponde con las solicitudes de licencias. En caso de confirmarse irregularidades, la ATT tiene la potestad de revocar las frecuencias asignadas a la cadena radial, sin importar que el caso involucre a una exautoridad.
Por su parte, la diputada Claros ha solicitado que la Fiscalía lleve a cabo una investigación financiera exhaustiva sobre el patrimonio y las cuentas bancarias de Alcón, además de pedir medidas cautelares como su arraigo y detención. También solicitó que se convoque a declarar a tres exfuncionarios del Viceministerio de Comunicación, quienes participaron en el trámite de personería jurídica de la fundación y aparecen como socios.
Desde la cadena Onda Colectiva, uno de sus socios manifestó no haber sido notificado oficialmente sobre la denuncia y señaló que consultará con un abogado antes de emitir declaraciones. Por otro lado, la exviceministra Alcón no ha respondido a las solicitudes de contacto realizadas por este medio. En las redes sociales de Onda Colectiva, las últimas publicaciones datan del 31 de diciembre, fecha en la que aparentemente cesaron operaciones en las regiones donde tenían presencia
