La presidenta de la Asociación Nacional de Colegios Particulares de Bolivia (Andecop), Patricia Marín, indicó que cualquier ajuste en las pensiones escolares para el año 2026 debe ser evaluado de forma individual por cada establecimiento educativo, tomando en cuenta su contexto particular, la comunidad educativa y previa consulta con los padres de familia.

Andecop manifestó su desacuerdo con el artículo 76 de la Resolución Ministerial 0001/2026, emitida por el Ministerio de Educación, que establece la congelación de las mensualidades durante el periodo de inscripciones, que inicia el 19 de enero. En respuesta, los representantes del sector anunciaron la presentación de un recurso legal para impugnar esta disposición.

El asesor legal de Andecop, Antonio Villena, explicó que el recurso de revocatoria será presentado ante el Ministerio de Educación y Ciudadanía, dentro del plazo de 10 días hábiles desde el conocimiento de la norma, amparándose en la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo. Villena detalló que esta acción se fundamenta en la oposición a la regulación establecida para la adecuación de los costos educativos en 2026.

El artículo 76 señala que las pensiones escolares permanecerán congeladas durante el periodo de inscripciones y que, en abril, una comisión mixta integrada por representantes del Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Andecop analizará la posibilidad de un incremento, tomando en cuenta la situación económica nacional y la política salarial vigente. Además, prohíbe a las unidades educativas privadas efectuar cobros adicionales a las diez pensiones anuales, incluyendo conceptos como reserva de plaza, matrícula, materiales educativos o gastos administrativos, los cuales deben estar reflejados en los contratos con las familias.

Villena argumentó que esta decisión no consideró las observaciones ni la realidad económica de los colegios particulares, pese a la participación de Andecop en reuniones convocadas por el Ministerio de Educación. Subrayó que la modificación en los costos debe establecerse según las condiciones específicas de cada unidad educativa y en diálogo con los padres de familia. Asimismo, aclaró que la asociación no busca confrontar por el ajuste de pensiones, sino generar un debate constructivo con el ministerio para mejorar la calidad educativa.

El asesor legal enfatizó que no se trata de incrementar las pensiones, sino de realizar ajustes que reflejen la situación económica actual de cada colegio. Señaló que, aunque el salario mínimo nacional aumentó un 20%, los colegios privados no han aplicado un ajuste proporcional en sus pensiones, y que históricamente no se han adecuado a los incrementos salariales.

En relación con los contenidos regionalizados, Marín mencionó que varias instituciones privadas ya implementan estas materias desde años anteriores, especialmente en regiones como La Paz y Santa Cruz. En La Paz, por ejemplo, se ha incorporado la enseñanza de la lengua y cultura aymara en el nivel primario. Sin embargo, destacó la carencia de textos oficiales elaborados por entidades estatales, lo que ha obligado a recurrir a materiales educativos provenientes de países vecinos como Perú y Chile. Señaló que estos países han avanzado más en la producción de libros que reflejan las culturas indígenas y urbanas, en contraste con la situación local