A pocos días de iniciar la gestión 2026, ya se evidencian tensiones entre el Gobierno nacional y los gobiernos municipales debido a una restricción presupuestaria que limita el uso de los recursos subnacionales al 20% de su presupuesto anual. Esta medida, establecida mediante un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, busca asegurar la sostenibilidad financiera del sector público priorizando únicamente gastos esenciales, aunque ha generado preocupación por el impacto que tendrá en la operatividad de las alcaldías y la ejecución de programas sociales fundamentales.
El Ministerio de Economía explicó que la aplicación temporal de este límite de compromiso de gastos pretende controlar el déficit fiscal y garantizar que solo se cubran gastos prioritarios. No obstante, se contempla la posibilidad de permitir el uso de un porcentaje mayor al 20%, siempre que exista una evaluación técnica aprobada por la autoridad fiscal.
Por su parte, las autoridades municipales han manifestado un fuerte rechazo a esta disposición. El alcalde de Tarija, Johnny Torres, señaló que esta restricción prácticamente bloquea el 80% de los recursos municipales, dificultando la prestación de servicios básicos como el desayuno escolar, el transporte estudiantil, el pago de salarios en salud y la compra de insumos indispensables para el funcionamiento de las alcaldías. Según Torres, la medida afecta gravemente la autonomía municipal y vulnera la Constitución Política del Estado.
Además, el alcalde advirtió que la limitación presupuestaria pone en riesgo la continuidad de programas sensibles en un momento crucial del año, como la adquisición de útiles escolares y la provisión de alimentación a estudiantes. Como ejemplo, mencionó que el municipio de Tarija necesita adquirir al menos diez desbrozadoras para el mantenimiento del ornato público, pero con la restricción solo podría comprar dos, insuficiente para cubrir las necesidades.
Organizaciones como la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) también han calificado la medida como inconstitucional, acusando al Gobierno nacional de intentar centralizar el gasto público y limitar las autonomías territoriales. Recordaron que durante la campaña electoral el presidente había prometido una distribución equitativa de recursos entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas, un compromiso que consideran incumplido ante las recientes restricciones.
El Gobierno sostiene que estas acciones forman parte de un plan de austeridad orientado a reducir el déficit fiscal en un 30%. Sin embargo, la respuesta de varios municipios ha sido declararse en estado de emergencia y exigir la revocación inmediata del instructivo que limita la ejecución de sus presupuestos al 20%, advirtiendo que esta medida compromete la atención de las necesidades básicas de la población
