Luego del receso por fin de año, la Asamblea Legislativa se alista para reanudar sus labores con el Decreto Supremo 5503 como eje principal del debate. Esta normativa no solo elimina la subvención a los combustibles, sino que, a través de sus 115 artículos, propone un cambio significativo en el modelo económico estatal. Sin embargo, la norma ha generado críticas, especialmente desde la bancada Libre, que inicialmente había manifestado su apoyo a las medidas de ajuste económico contempladas en el decreto.
La alianza Libre ha señalado que al menos cinco artículos del decreto contravienen la Constitución Política del Estado (CPE), limitan las atribuciones del Legislativo y entran en contradicción con la Ley del Presupuesto General del Estado (PGN).
Por su parte, la alianza Unidad también ha expresado reparos, especialmente en lo relacionado con la explotación de recursos naturales. Ambos bloques aclaran que no buscan la abrogación total del decreto, sino la eliminación de aquellas disposiciones que consideran inconstitucionales, en particular las que afectan la competencia del Legislativo para aprobar créditos y contratos de inversión.
El Ejecutivo, en tanto, mantiene que el decreto no será derogado, aunque no descarta realizar ajustes puntuales si se consideran necesarios y niega que exista una vulneración constitucional.
Entre los artículos más cuestionados por la bancada Libre se encuentran los comprendidos entre el 8 y el 13, que forman parte del capítulo denominado “Régimen extraordinario de promoción y protección de inversiones”. Estos artículos se refieren a las “inversiones estratégicas prioritarias” en sectores como minería y metalurgia, hidrocarburos y energía, generación eléctrica y energías renovables, agroindustria y alimentos, infraestructura y transporte, así como manufactura exportable.
Los artículos 11, 12 y 13 establecen nuevas condiciones para las inversiones estratégicas mediante contratos suscritos entre el Estado y los inversionistas, los cuales deben ser aprobados mediante decreto supremo. En particular, el artículo 12 introduce un procedimiento acelerado para la aprobación de proyectos de inversión, con un plazo máximo de 30 días, gestionado a través de una “Ventanilla única de inversiones estratégicas” (VUIE).
El artículo 13 establece que la VUIE será creada por el Ejecutivo y estará bajo la responsabilidad de la Cancillería, que fungirá como autoridad central encargada de diseñar, negociar y promover acuerdos de inversión, cooperación económica y técnica con otros países.
No obstante, en estos artículos no se menciona el papel de la Asamblea Legislativa, que constitucionalmente tiene la facultad de aprobar, mediante ley, cualquier proyecto de inversión extranjera para la explotación de recursos naturales.
En este contexto, el senador José Manuel Ormachea advierte que el decreto vulnera la Constitución al facultar al presidente para gestionar préstamos sin la autorización del Legislativo, lo que considera inconstitucional y una limitación a las atribuciones del Órgano Legislativo.
Otro punto observado es el artículo 110, que prohíbe la concesión de créditos internos por parte del Banco Central a las empresas públicas. Esta disposición contrasta con lo establecido en la Ley del Presupuesto General del Estado, vigente desde el 1 de enero, que permite el financiamiento a empresas estatales. Según Ormachea, esta contradicción implica que varios artículos del decreto podrían quedar automáticamente anulados debido a la jerarquía normativa.
Asimismo, la diputada Cecilia Requena, de la alianza Unidad, cuestiona los artículos 11, 12 y 13 por establecer un mecanismo rápido para aprobar inversiones mediante decreto supremo y una ventanilla única, con un “silencio administrativo positivo” de 30 días para la aprobación de proyectos, sin la intervención del Legislativo. Requena advierte que este procedimiento podría impedir el cumplimiento de requisitos esenciales como la consulta previa e informada y la obtención de licencias ambientales.
No obstante, la diputada aclara que su postura no implica solicitar la abrogación total del decreto, sino respaldar la eliminación de la subvención a los combustibles y otras medidas sociales contempladas en la norma.
Tras las aclaraciones del Gobierno, que sostiene que el decreto respeta la Constitución, Requena espera que se realicen los ajustes necesarios para aclarar las competencias de la Asamblea Legislativa en la aprobación de contratos relacionados con la explotación de recursos naturales
