Luego del receso por fin de año, la Asamblea Legislativa se dispone a reanudar sus labores con el Decreto Supremo 5503 como eje central del debate político. Esta normativa, que elimina la subvención de los combustibles y contiene 115 artículos que plantean un cambio significativo en el modelo económico estatal, ha generado críticas por parte de la bancada Libre, que inicialmente había expresado apoyo a las medidas de ajuste económico contempladas en el decreto.
No obstante, esta alianza ha señalado que al menos cinco artículos de la norma contravienen la Constitución Política del Estado (CPE), restringen las atribuciones del Legislativo y entran en conflicto con la Ley de Presupuesto General del Estado (PGN).
Desde la alianza Unidad también se han manifestado cuestionamientos, principalmente relacionados con la explotación de recursos naturales. Ambas bancadas han aclarado que no buscan la abrogación total del decreto, sino la eliminación de aquellos artículos que consideran inconstitucionales, especialmente los que afectan la competencia legislativa para aprobar créditos y contratos de inversión.
Por su parte, el Ejecutivo sostiene que el decreto no será derogado, aunque admite la posibilidad de realizar ajustes puntuales si se consideran necesarios, y niega que la norma vulnere la Constitución.
Entre los artículos más cuestionados por la bancada Libre se encuentran los comprendidos entre el 8 y el 13, que forman parte del capítulo denominado “Régimen extraordinario de promoción y protección de inversiones”. Estos artículos establecen disposiciones sobre “inversiones estratégicas prioritarias” en sectores como minería y metalurgia, hidrocarburos y energía, generación eléctrica y energías renovables, agroindustria y alimentos, infraestructura y transporte, y manufactura exportable.
Los artículos 11, 12 y 13 introducen nuevas reglas para las inversiones estratégicas, estableciendo que los contratos de inversión serán suscritos entre el Estado y el inversionista y aprobados mediante decreto supremo. En particular, el artículo 12 contempla un procedimiento expedito para la aprobación de proyectos de inversión, con un plazo máximo de 30 días a través de una “Ventanilla única de inversiones estratégicas” (VUIE).
El artículo 13 establece que la VUIE será creada por el Ejecutivo y estará bajo la responsabilidad de la Cancillería, que actuará como autoridad central encargada de diseñar, negociar y promover acuerdos de inversión, cooperación económica y técnica con otros países.
Estos artículos no mencionan el papel de la Asamblea Legislativa, que constitucionalmente tiene la facultad de aprobar mediante ley cualquier proyecto de inversión extranjera para la explotación de recursos naturales. En este contexto, el senador José Manuel Ormachea advirtió que el decreto vulnera la Constitución al facultar al presidente para aprobar préstamos sin la autorización del Legislativo, lo que considera inconstitucional y una limitación a las atribuciones del Órgano Legislativo.
Asimismo, el artículo 110, que prohíbe la concesión de créditos internos por parte del Banco Central de Bolivia a empresas públicas, también es objeto de observación. Esta disposición entra en conflicto con la Ley del Presupuesto General del Estado vigente, que no fue modificada ni aprobada por la Asamblea y está en vigencia desde el 1 de enero.
Según Ormachea, por jerarquía normativa, la ley prevalece sobre el decreto, lo que implica que las subvenciones a empresas estatales improductivas vuelven a estar vigentes, generando una contradicción entre el Decreto 5503 y el presupuesto aprobado. En consecuencia, sostiene que varios artículos del decreto deberían ser automáticamente abrogados.
En paralelo, la diputada Cecilia Requena, de la alianza Unidad, también cuestionó los artículos 11, 12 y 13, que crean un mecanismo acelerado para la aprobación de inversiones mediante decreto supremo y una ventanilla única, con un plazo de 30 días para la aprobación tácita de proyectos, todo sin participación del Legislativo. Requena señaló que esta modalidad podría generar una vía paralela para la firma de contratos sobre recursos naturales sin respetar procesos como la consulta previa e informada o la obtención de licencias ambientales.
No obstante, la legisladora aclaró que no propone la abrogación total del decreto, sino que respalda la eliminación de la subvención y otras medidas sociales contenidas en la norma.
Tras las explicaciones del Gobierno, que negó cualquier vulneración constitucional, Requena espera que el decreto sea ajustado para dejar claras las facultades de la Asamblea Legislativa en la aprobación de contratos relacionados con la explotación de recursos naturales
