Un amplio rechazo ha surgido en torno a los procesos judiciales que enfrentan 17 comunarios del cantón de Chiquiacá, acusados por presuntos delitos relacionados con la defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Las imputaciones incluyen asociación delictuosa, usurpación de derechos colectivos y atentados contra la libertad de trabajo, generando preocupación entre organizaciones sociales, activistas ambientales y defensores de derechos humanos, quienes denuncian una criminalización de quienes protegen el territorio y el medio ambiente.
La Fiscalía de Entre Ríos, en la provincia O’Connor, inició la investigación a partir de una denuncia presentada por un abogado que representa a Petrobras Bolivia S.A. y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Los comunarios señalados enfrentan cargos contemplados en el Código Penal, específicamente en los artículos 124, 132 y 303.
Ante esta situación, un grupo de abogados de la ciudad de Tarija asumió la defensa gratuita de seis de los procesados. Uno de los defensores destacó la importancia de respaldar a quienes protegen una reserva natural considerada uno de los principales pulmones verdes de la región. Los abogados han visitado el cantón para conocer directamente las condiciones en las que viven las comunidades y han hecho un llamado a las organizaciones sociales para que brinden apoyo desde el territorio.
Actualmente, los comunarios han cumplido con la primera etapa del proceso, que consistió en prestar declaración informativa ante el Ministerio Público. La investigación se encuentra en fase preliminar, y corresponde a la Fiscalía presentar pruebas que sustenten las imputaciones. Los defensores aseguran la inocencia de sus representados y se preparan para presentar los descargos correspondientes, confiando en que el proceso sea archivado, tal como ocurrió en un caso anterior similar.
Además, se ha resaltado que la mayoría de los comunarios afectados son personas de la tercera edad con recursos limitados para costear una defensa legal, por lo que el Estudio Jurídico Abogamos decidió brindar asesoría sin costo alguno.
Desde la Defensoría del Pueblo se ha condenado la criminalización de los defensores ambientales en este caso. El titular de la institución recordó que se ha dado seguimiento a esta situación desde gestiones anteriores, incluso participando en audiencias ante organismos internacionales para exigir el respeto a la labor de quienes protegen el medio ambiente. Asimismo, señaló que el reciente ingreso de personal policial y de Petrobras a la reserva para avanzar en actividades de exploración petrolera se realizó sin cumplir adecuadamente con el proceso de consulta previa, violando los principios establecidos en el Acuerdo de Escazú, del cual Bolivia es parte.
El Defensor del Pueblo manifestó que la apertura de un nuevo proceso penal contra los comunarios contraviene los estándares internacionales, ya que la defensa de los derechos humanos en materia ambiental debe ser protegida y no penalizada. La institución mantiene presencia en el territorio, realiza verificaciones y monitorea el desarrollo de los procesos judiciales, insistiendo en que la solución al conflicto requiere el cumplimiento riguroso de la normativa ambiental y la realización de consultas públicas transparentes y respetuosas de los derechos ciudadanos.
Por su parte, la activista y defensora de la reserva, Nelly Coca, expresó su preocupación por la persecución judicial que enfrentan los comunarios, subrayando que su única intención es proteger el entorno donde habitan y evitar la contaminación que podrían generar las actividades petroleras, las cuales amenazan las fuentes de agua vitales para las comunidades y la fauna local. Su pronunciamiento se realizó en el marco de una marcha en apoyo a los comunarios afectados
