Un grupo de ciudadanos afectados por las acciones de la Aduana Nacional ha anunciado que intensificará sus protestas, incluyendo la posibilidad de iniciar una huelga de hambre, ante la falta de respuestas a sus reclamos. Alrededor de 30 personas se manifestaron en la mañana del martes 6 de enero, exigiendo el cierre de esta institución, a la que califican de corrupta debido a presuntos actos de extorsión y decomisos irregulares.

Entre los manifestantes se encontraban comerciantes y ciudadanos tanto bolivianos como argentinos que han sufrido la retención de mercancías o vehículos, acompañada en algunos casos de solicitudes de pagos elevados para recuperar sus bienes. Un caso emblemático es el de Santos Aguilar, quien denunció que le exigieron 5.000 dólares para liberar un vehículo perteneciente a su hermano fallecido, monto que inicialmente decidió pagar para intentar recuperar el motorizado.

Los afectados aseguran que quienes se niegan a ceder a estas demandas son objeto de hostigamiento y que las autoridades aduaneras no respetan ni sus propios reglamentos ni las resoluciones judiciales favorables a los ciudadanos. Ante esta situación, reclaman una intervención presidencial para poner fin a estas prácticas y cumplir con la promesa de cerrar la Aduana Nacional.

Otro caso destacado es el de José Luis Sánchez, ciudadano argentino que denunció el robo y posterior desmantelamiento de su vehículo, a pesar de contar con toda la documentación en regla. Sánchez señaló que su experiencia no es aislada, pues ha recibido testimonios similares desde diferentes regiones del país, donde personas han sido maltratadas incluso con violencia física por parte del personal aduanero.

Las denuncias incluyen pedidos de sobornos que oscilan entre 5.000 y 10.000 dólares, y la retención definitiva de vehículos en caso de no acceder a estas exigencias. Frente a esta situación, los afectados demandan una acción enérgica para erradicar la corrupción en la institución.

El representante legal de este colectivo, Caleb Argani, confirmó que existen múltiples casos de procedimientos irregulares y violaciones de derechos tanto a bolivianos como a argentinos. Argani recordó que durante la campaña electoral el presidente Rodrigo Paz se comprometió a cerrar la Aduana Nacional, y ahora es el momento de cumplir esa promesa ante la creciente cantidad de denuncias.

El abogado anticipó que las protestas podrían intensificarse, incluyendo la posible toma de instalaciones y huelgas de hambre, hasta que se garantice la devolución de vehículos o se otorguen indemnizaciones correspondientes. Asimismo, señaló que otros sectores como transportistas y gremiales, también afectados por estas prácticas, se sumarán a las movilizaciones para exigir justicia y transparencia en la gestión aduanera