En las primeras horas del lunes, un convoy compuesto por trece vehículos, escoltado por alrededor de cuarenta policías, ingresó al área del pozo Domo Oso X3, ubicado en el cantón Chiquiacá dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Este ingreso se produjo a pesar de la resistencia mantenida por las comunidades locales en uno de los conflictos socioambientales más prolongados en Bolivia.

El pozo forma parte del área San Telmo Norte, cuyo contrato de servicios petroleros, firmado en 2018, está gestionado por Petrobras Bolivia S.A. (60%, operadora) y YPFB Chaco S.A. (40%), subsidiaria de la estatal YPFB Corporación. Desde junio de 2019, el proyecto se encontraba paralizado debido a conflictos sociales.

El despliegue policial sorprendió a los defensores de la reserva, quienes desde 2019 mantienen un punto de vigilancia en el acceso al área. El comandante a cargo del operativo se negó a mostrar a los comunarios la orden oficial que justificara el ingreso, alegando que la tenía en su oficina y señalando que la instrucción provenía del ministro de gobierno, el ministerio de hidrocarburos, el presidente y el vicepresidente, con el mandato de permitir la exploración en el pozo.

Los defensores describieron el momento del ingreso como una acción contundente: la policía y las empresas petroleras ingresaron superando la resistencia comunitaria. Para ellos, la defensa del territorio implica proteger la vida y el agua, especialmente el río Chiquiacá, única fuente hídrica para la comunidad. El pozo se encuentra en las cabeceras del Saicán, zona crucial para la recarga de agua en la región.

Las comunidades denuncian que no se llevó a cabo una consulta previa adecuada, ya que las empresas solo contactaron a pocas autoridades locales, consideradas por los comunarios como compradas en aquel momento. Además, presentaron documentos como votos resolutivos y manifiestos que rechazan la actividad petrolera en la reserva.

El conflicto se originó en abril de 2018, cuando el gobierno aprobó contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en San Telmo Norte y Astillero. La tensión aumentó en febrero de 2019, cuando trabajadores de Petrobras intentaron ingresar al área y fueron bloqueados por comunarios durante tres días. Desde entonces, la resistencia ha sido constante, logrando expulsar a la petrolera en ocasiones anteriores en pozos cercanos.

La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, creada en 1989 y declarada área protegida en 1992, abarca cerca de 246,870 hectáreas y se extiende por varias provincias. Este espacio alberga una rica biodiversidad, incluyendo especies emblemáticas como el oso jucumari, y es fundamental para el régimen hídrico de los ríos Bermejo y Tarija. Su protección busca preservar el bosque tucumano boliviano y uno de los ecosistemas mejor conservados del país.

No obstante, en 2015, un decreto presidencial autorizó actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas, en respuesta a la caída de precios del petróleo y la disminución en la producción nacional. Esto abrió la puerta para la exploración en Tariquía.

Bolivia ratificó el Convenio 169 de la OIT, que establece la obligación de realizar consultas previas a las comunidades indígenas ante proyectos que puedan afectar sus territorios. La Ley de Hidrocarburos también reconoce este derecho. Sin embargo, las comunidades de Chiquiacá denuncian que estas consultas no se realizaron de forma legítima, señalando que las empresas intentaron dividir a la comunidad para favorecer sus intereses. Cuando la decisión se sometió a votación, la mayoría rechazó el proyecto, pero este continúa avanzando.

Los riesgos ambientales son una preocupación central. Bolivia tiene antecedentes de desastres por actividades extractivas, como el derrame de petróleo en el río Desaguadero en 2000, que afectó a numerosas comunidades. Los defensores de Tariquía alertan que la presencia de maquinaria y la perforación en la zona provocarán contaminación, afectando las fuentes de agua y el ecosistema. Estudios en otras regiones amazónicas han documentado impactos negativos en la salud y el ambiente derivados de actividades petroleras.

Además, se señala una manipulación del plan de manejo de la reserva para justificar la exploración, con afirmaciones oficiales que ubican el pozo fuera del área protegida, lo cual ha sido desmentido por expertos. El bloque Churumas, en el núcleo de la reserva, ha sido declarado de carácter comercial, lo que implica un cambio en la vocación del área de protección a explotación.

El ingreso al área se produjo bajo la administración de Rodrigo Paz Pereira, quien como alcalde se había comprometido públicamente a defender la reserva. Sin embargo, ahora, como presidente, ordenó el ingreso con escolta policial, lo que ha generado decepción entre los defensores, quienes esperaban su apoyo para proteger Tariquía.

Este acontecimiento ocurre en un contexto político tenso, marcado por la promulgación del Decreto Supremo 5503, que eliminó subsidios a los combustibles y estableció un régimen de excepción económica. Este decreto ha sido rechazado por movimientos sociales que lideran protestas bajo la consigna “Bolivia no se vende”. El gobierno, por su parte, mantiene su postura y busca diálogo sin derogar la norma, que facilita la aprobación de proyectos estratégicos sin los controles ambientales y sociales habituales.

Mientras el Estado insiste en la necesidad de explotar reservas hidrocarburíferas para sostener la economía, las comunidades de Chiquiacá mantienen firme su convicción: sin agua limpia, no hay vida posible. La defensa del territorio y la protección de sus recursos naturales continúan siendo una prioridad para quienes habitan la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía