El canciller Fernando Aramayo aclaró que la salida de la representación diplomática de Venezuela del país no fue una medida tomada por el Estado boliviano, sino una decisión interna del propio gobierno venezolano. Asimismo, anunció que se iniciará un proceso de evaluación sobre la situación migratoria de los ciudadanos venezolanos que residen en Bolivia.

Durante una rueda de prensa, el titular de la diplomacia explicó que, tras los recientes acontecimientos políticos en Venezuela, la delegación diplomática decidió retirarse sin que Bolivia haya solicitado, promovido o ejecutado su expulsión. “Esta no fue una determinación del gobierno boliviano, sino del Estado venezolano”, puntualizó.

A pesar de esta circunstancia, Aramayo aseguró que los canales diplomáticos entre ambos países continúan abiertos y que la presencia consular de Bolivia en Venezuela se mantiene activa para brindar asistencia a los ciudadanos bolivianos residentes en ese país. Señaló que se ha contactado a aproximadamente 6.000 connacionales y que se han habilitado vías de comunicación para atender posibles solicitudes de apoyo, incluyendo la opción de retorno.

En relación con la comunidad venezolana en Bolivia, el canciller admitió que no existe un registro exacto sobre la cantidad de personas ni sobre su estatus migratorio, debido a la falta de mecanismos de regularización implementados en administraciones anteriores. Esta situación será objeto de análisis por parte del actual Gobierno para definir las acciones a seguir.

“Hay un número considerable de venezolanos sin documentación adecuada en el país, y estamos trabajando para establecer un mecanismo que permita identificar cuántos son, cuál es su situación legal y las condiciones de su permanencia”, indicó, adelantando que próximamente se emitirá una comunicación oficial para formalizar este proceso.

Además, Aramayo advirtió que se aplicarán las normativas vigentes para impedir que individuos vinculados al anterior régimen venezolano se aprovechen de las políticas migratorias de Bolivia. En este sentido, el país se sumará a los esfuerzos internacionales que buscan implementar medidas similares, siempre respetando el marco legal.

Sobre la normalización completa de las relaciones diplomáticas con Venezuela, el canciller señaló que esto dependerá del restablecimiento del orden constitucional y de las garantías democráticas en ese país, resultado de la voluntad de su pueblo.

El Gobierno reiteró que su postura frente a la situación venezolana se basa en los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, con un énfasis especial en la protección de los derechos humanos y en la búsqueda de una solución que permita la reconstrucción institucional y social de Venezuela