El viceministro de Transparencia, Yamil García Delfín, informó que una gran cantidad de proyectos financiados por el Fondo Indígena durante la década de 2010-2020 presentan irregularidades significativas. De los aproximadamente 1.100 proyectos identificados, alrededor de 740 se encuentran inconclusos, han sido pagados sin ejecución o incluso están vinculados a comunidades que no existen.
Las investigaciones inicialmente centradas en un proyecto específico de producción de tomate, sobre el cual se aplicaron medidas cautelares, se están ampliando para abarcar el Fondo Indígena en su totalidad. García explicó que muchas de estas iniciativas corresponden a beneficiarios o comunidades ficticias, lo que agrava la situación.
Además, el viceministro recordó la detención de una dirigente que habría recibido recursos estatales en cuentas personales, y señaló que la pesquisa también involucra a exfuncionarios del Ministerio de Economía, responsables de transferencias a privados durante su gestión. Se identificaron al menos una docena de dirigentes con movimientos financieros irregulares que van desde tres hasta 120 millones de bolivianos.
Sobre la posibilidad de que los implicados eviten sanciones mediante la devolución del dinero, García aclaró que el objetivo principal es la reparación del daño y la recuperación de los fondos públicos. En caso de que los involucrados reconozcan su responsabilidad y estén dispuestos a reembolsar los recursos, existen mecanismos legales para facilitar acuerdos que podrían incluir salidas alternativas, siempre bajo la supervisión de la Fiscalía y la decisión final del juez.
El viceministro también señaló que en el manejo de este caso se detectaron actos de discrecionalidad en distintos niveles gubernamentales, incluyendo a la exministra Nemesia Achacollo, quien fue imputada sin que se solicitara su detención preventiva. Por su parte, la Procuraduría General del Estado, durante la gestión anterior, se distanció del proceso mediante la presentación de memoriales.
Actualmente, el Viceministerio de Transparencia realiza una revisión exhaustiva de todas las acciones realizadas y continúa recibiendo denuncias a través de un sistema habilitado vía código QR. García informó que se han recibido más de 200 nuevos casos que están siendo analizados y que en los próximos días podrían derivar en procesos judiciales
