La reciente liberación del exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo ha generado una oleada de reacciones, especialmente entre quienes fueron objeto de persecución durante su gestión. Entre las voces más críticas se encuentra Yassir Molina, activista de Resistencia Juvenil Cochala, detenido en 2021 por su participación en las movilizaciones contra el presunto fraude electoral de 2019.

En una entrevista concedida a un medio local, Molina sostuvo que la excarcelación de Del Castillo no implica impunidad. Anunció que se preparan denuncias formales por torturas, malos tratos y persecución política sufridas durante el período en que el exministro estuvo al mando de la Policía y la seguridad interna. “No se puede escribir con la mano y borrar con el codo. Vamos a presentar pruebas de manera responsable”, afirmó.

Respecto a la resolución judicial que permitió la liberación, Molina reconoció que se ajustó a derecho, dado que no existían pruebas suficientes para mantener la detención por obstrucción policial. Atribuyó esta decisión a un cambio en la orientación judicial, impulsado por directrices del Tribunal Supremo de Justicia que buscan descongestionar las cárceles y respetar los plazos legales de detención preventiva. Destacó que más del 65 % de las personas privadas de libertad enfrentan detenciones preventivas prolongadas, lo que también constituye un tema de justicia.

Aunque no precisó fechas para la presentación de las denuncias contra Del Castillo, el activista aseguró que las acciones legales contarán con respaldo documental y testimonios, y serán tramitadas ante el Ministerio Público. Explicó que durante los últimos años priorizó resolver su situación legal personal antes de avanzar en procesos contra quienes, según su versión, ordenaron su persecución. Actualmente, Molina goza de libertad condicional tras cumplir dos tercios de su condena y ejerce como abogado en la jurisdicción de Oruro.

El activista relató experiencias que calificó como torturas y tratos inhumanos, incluyendo traslados con numerosos custodios, restricciones alimenticias y de agua, encadenamientos y prohibiciones para comunicarse con su familia. También mencionó el caso de Mario Bascopé, quien habría sufrido graves lesiones durante su encarcelamiento y cuya liberación estaría en trámite.

Molina valoró que la justicia ya no sea utilizada como herramienta política y subrayó que él no fue indultado, sino que cumplió su condena, lo que demostraría un cambio en el sistema. Pidió paciencia a quienes todavía se consideran presos políticos.

Al concluir la entrevista, el activista dirigió un mensaje irónico y contundente hacia Del Castillo, a quien responsabiliza de liderar su persecución: “Le agradezco por haber enterrado al Movimiento Al Socialismo y por dejar de instrumentalizar la justicia. A pesar de todo, hoy tengo a mi esposa y a mi hija. La justicia tarda, pero llega”. Asimismo, instó al exministro a someterse a la justicia y permanecer en el país si no tiene nada que ocultar, advirtiendo que no solo él presentará denuncias.

Molina fue detenido en 2021 en el contexto de las protestas de 2019 y recuperó su libertad en septiembre del año en curso. Tras la aprehensión de Del Castillo, difundió mensajes en redes sociales señalando que las acciones tienen consecuencias, aunque aclaró que no celebra el sufrimiento de la familia del exministro, pues conoce esa experiencia de primera mano.

La liberación de Del Castillo no ha cerrado el capítulo judicial, sino que ha reavivado un proceso de denuncias que remite a uno de los periodos más complejos en la judicialización de la política en el país