La reciente detención del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo en el aeropuerto internacional de Viru Viru, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Chile, tuvo un desenlace inesperado tras su liberación pocas horas después. La aprehensión, realizada en horas de la madrugada, se convirtió en un revés para las autoridades policiales y fiscales, aunque simultáneamente abrió un complejo frente judicial para la exautoridad.
Alrededor de las seis de la tarde, Del Castillo fue presentado ante el Juzgado 15º de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, bajo la jurisdicción del juez Carlos Alberto Moreira Rivero, para definir su situación legal. Sin embargo, minutos antes, un juez de Warnes ordenó su libertad plena durante una audiencia virtual, tras la decisión del Ministerio Público de no formular una imputación formal en su contra.
En la audiencia posterior, el juez Moreira evaluó la acción de libertad presentada por el exministro y determinó que la detención no cumplió con los protocolos policiales establecidos. Ante la ausencia de una acusación fiscal, dispuso la inmediata liberación de Del Castillo. Además, la resolución judicial autorizó la libre circulación del exfuncionario, sus dos hijas menores y otros familiares, garantizando también la atención médica necesaria para la menor de cinco años que requiere tratamiento en Chile. El juez advirtió que podrían derivarse responsabilidades penales y civiles para quienes ejecutaron la detención.
Horas antes, el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, había anunciado el inicio de una investigación penal contra Del Castillo por el presunto delito de obstaculizar la función policial. Según la versión oficial, el exministro se habría negado a permitir la inspección de su equipaje antes de abordar el vuelo internacional. Mariaca aseguró que los hechos serán analizados para asegurar el debido proceso y el cumplimiento de la normativa vigente.
Aunque existe una regulación que impide a exautoridades salir del país durante los tres meses posteriores a dejar el cargo, esta no aplicaría en el caso de Del Castillo, quien dejó el Ministerio de Gobierno para participar en la campaña electoral del MAS. A pesar de ello, la detención se llevó a cabo, generando una controversia jurídica que, en el corto plazo, favoreció al exministro.
La defensa, representada por el abogado Enrique Ramírez, denunció abuso de autoridad y violación de derechos durante la detención, incluyendo irregularidades en el proceso migratorio y la falta de una orden judicial o administrativa para obligar a Del Castillo a descender del transporte hacia el avión. El exministro relató demoras injustificadas y paralización de la atención por parte de funcionarios en el aeropuerto.
La liberación de Del Castillo no calmó la situación, ya que desde el anuncio de su detención se han acumulado múltiples denuncias vinculadas a su gestión ministerial. El abogado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentó una denuncia penal contra el expresidente Luis Arce y Del Castillo, acusándolos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución, tortura, vejaciones y secuestro relacionados con un operativo de aprehensión de diciembre de 2022. Esta denuncia fue presentada ante la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Departamental, solicitando incluso la detención inmediata del exministro por riesgo de fuga.
Adicionalmente, nuevas denuncias y adhesiones se sumaron al caso. Marco Antonio Aramayo, vinculado al caso Fondo Indígena, denunció presuntas amenazas de muerte y anunció que se sumará a la acusación contra Del Castillo, a quien responsabiliza políticamente. El abogado Carlos Gaity también se declaró víctima del exministro, señalando que en 2024 fue objeto de un proceso judicial que afectó su reputación y vida familiar.
En las afueras de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se instaló una vigilia con personas que aseguran haber sufrido abusos durante la gestión de Del Castillo. Entre ellas, Nelly relató agresiones físicas y detenciones arbitrarias ocurridas durante movilizaciones en defensa de instituciones públicas. Además, se anuncian futuras denuncias por parte de exlíderes cívicos, activistas, colectivos vecinales, miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y familiares de víctimas de operativos policiales.
Las reacciones políticas y sociales se manifestaron rápidamente. El gobernador Luis Fernando Camacho expresó que presentó una denuncia penal por secuestro y torturas en su contra, denunciando la vulneración de la investidura y la voluntad popular. El exdirigente cívico Marco Antonio Pumari criticó el abuso de poder ejercido por Del Castillo. Desde prisión, el general Juan José Zúñiga celebró la caída de quien calificó como un símbolo de abuso de autoridad. El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, pidió que el proceso judicial se desarrolle conforme al debido proceso, aunque cuestionó la situación de otras personas notificadas que no están detenidas. Por su parte, el activista cubano Jorge Castro recordó que Del Castillo fue responsable de su expulsión arbitraria y espera que se haga justicia.
La breve detención del exministro ha evidenciado un escenario judicial complejo, con múltiples procesos en curso y otros por venir. Queda por verse si Del Castillo podrá sostener su defensa desde el extranjero o si los procedimientos legales lo obligarán a enfrentar la justicia en el país en los próximos meses
