Las acusaciones en contra del exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, continúan multiplicándose. Recientemente, Marco Antonio Aramayo, hijo del principal denunciante en el caso Fondo Indígena, acudió a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para presentar una denuncia verbal por presuntas amenazas de muerte que habría recibido desde el día anterior.
Aramayo explicó que esta es la segunda ocasión en la que solicita garantías debido a la persistencia de las amenazas, con la finalidad de que se establezca un precedente que permita la investigación correspondiente y que las autoridades policiales y la opinión pública estén al tanto de la situación. Además, anunció su intención de sumarse a la denuncia presentada por el abogado del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, argumentando que Del Castillo tendría responsabilidad en el caso Fondo Indígena por su papel como funcionario de alto rango.
El abogado de la familia Aramayo, Joel Lara, confirmó la adhesión a la denuncia ya presentada ante el Ministerio Público y afirmó que durante la gestión de Del Castillo se habrían encubierto actos de tortura y malos tratos sufridos por el padre de Marco Antonio Aramayo en los diferentes centros penitenciarios en los que estuvo recluido.
En otro desarrollo, el abogado Martín Camacho, representante legal del gobernador cruceño, interpuso una denuncia contra el expresidente Luis Arce y el exministro Del Castillo, acusándolos de presunta participación en el secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho. En este contexto, solicitó la aprehensión inmediata de Del Castillo, argumentando un alto riesgo de fuga. La situación legal contra el exministro se intensificó tras ser detenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru mientras intentaba abordar un vuelo con destino a Chile, desde donde planeaba continuar hacia China.
A estas denuncias se sumó el abogado Carlos Gaity, quien también se declaró víctima de Del Castillo y anunció que formalizará su adhesión a las investigaciones. Gaity denunció que en 2024 se le inició un proceso judicial que afectó su dignidad, honor y derechos fundamentales, además de impactar negativamente en su entorno familiar y profesional. Según su relato, fue presentado ante la opinión pública como un reo sin fundamentos, lo que le ocasionó pérdidas significativas en su reputación y clientela.
En las inmediaciones de la FELCC se mantiene una vigilia conformada por personas que aseguran haber sufrido vulneraciones a sus derechos durante la gestión de Del Castillo. Entre ellas, Nelly, una de las participantes, relató que fue detenida junto a otras mujeres y hombres mientras defendían instituciones públicas en Santa Cruz. Denunció haber sido víctima de agresiones físicas y la falta de atención a las denuncias que presentó en su momento.
Nelly detalló que un grupo de 15 mujeres y dos hombres fueron detenidos y sus derechos vulnerados hace más de dos años, atribuyendo las órdenes de detención a Del Castillo y a Marianela Prada. Relató que mientras estaba en la cárcel de Omar Chávez, fueron agredidos por simpatizantes del MAS.
Los denunciantes han coincidido en exigir que los procesos judiciales avancen con celeridad y que las autoridades competentes investiguen a fondo los hechos denunciados. Además, han advertido que mantendrán la vigilia para impedir una posible liberación del exministro mientras se esclarecen las acusaciones en su contra
