Las denuncias en contra del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo continúan en aumento. Recientemente, Marco Antonio Aramayo, hijo del principal denunciante en el caso Fondo Indígena, acudió a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para presentar una denuncia verbal por amenazas de muerte que, según indicó, comenzaron el día anterior y se han repetido de manera constante.
Aramayo manifestó que esta es la segunda ocasión en la que solicita garantías debido a la persistencia de las amenazas. Su intención es dejar un registro formal que permita la investigación del caso y que sea conocido tanto por las autoridades policiales como por la sociedad. Además, anunció que se sumará a la denuncia interpuesta por el abogado del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, al considerar que Del Castillo tiene responsabilidad política y administrativa en el caso Fondo Indígena, dada su posición como alto funcionario en el Gobierno.
El denunciante señaló que, en su calidad de exfuncionario de alto rango, Del Castillo debe responder ante la justicia por los hechos señalados. Insistió en la necesidad de que el proceso no se diluya y pidió una actuación imparcial por parte de las autoridades competentes.
Por su parte, Joel Lara, abogado de la familia Aramayo, confirmó la adhesión a la denuncia ya presentada ante el Ministerio Público y afirmó que durante la gestión de Del Castillo se habrían encubierto torturas y malos tratos sufridos por Marco Antonio Aramayo padre en distintas cárceles a las que fue trasladado.
En otro frente legal, el representante legal del gobernador cruceño, Martín Camacho, presentó una denuncia contra el expresidente Luis Arce y el exministro Eduardo del Castillo por su presunta implicación en el secuestro del gobernador. En esta denuncia se solicitó la detención inmediata de Del Castillo, argumentando riesgo de fuga.
En efecto, Del Castillo fue interceptado en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando intentaba abordar un vuelo hacia Chile, desde donde tenía previsto continuar a China.
Estas nuevas acciones legales se sustentan en un informe forense psicológico elaborado por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), que documenta un patrón de maltratos sistemáticos contra Marco Antonio Aramayo Caballero durante su periodo de detención.
Lourdes Andrade, responsable del área socio-psicológica del ITEI, señaló que Aramayo sufrió torturas físicas, psicológicas, biológicas y sexuales, describiendo una extensa lista de abusos. El informe detalla agresiones por parte de efectivos policiales, traslados prolongados con el detenido encapuchado y con las manos atadas a diferentes cárceles del país, además de privaciones de higiene, alimentación y descanso, acompañadas de humillaciones y amenazas constantes.
Estas prácticas se repitieron durante traslados frecuentes a diversas regiones, incluyendo Oruro, Chuquisaca, Tarija, Pando, Cochabamba, Trinidad y La Paz, al menos dos veces por mes, sin tomar en cuenta la condición física del detenido para afrontar las audiencias. En uno de estos traslados a Pando, Aramayo habría sido víctima de vejaciones que constituyen tortura sexual tras un motín reprimido en la cárcel de Villa Busch, según el informe del ITEI.
A casi tres años del fallecimiento de Marco Antonio Aramayo, ocurrido en abril de 2022, su hijo denunció que el Órgano Judicial continuó enviando citaciones dirigidas a su padre, incluso después de su muerte. Este dato, incluido en el informe, refuerza la hipótesis de una persecución judicial que no cesó con el deceso del exdirector del Fondo Indígena.
El documento indica que Aramayo enfrentó más de 200 procesos durante siete años de encarcelamiento, contabilizando 194 actos de tortura y malos tratos en el marco de al menos 216 procesos judiciales en varios departamentos. Falleció a los 54 años debido a una falla multiorgánica tras desarrollar múltiples enfermedades durante su reclusión.
Para la familia, la continuación de citaciones judiciales luego de su muerte evidencia un desorden institucional, la falta de cierre del caso Fondo Indígena y una deuda pendiente en términos de verdad, reparación y justicia
