Tres antiguos interventores de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) S.A. de La Paz enfrentan una denuncia por la adquisición irregular de 252 tuberías, hecho que habría generado un perjuicio económico estimado en 15 millones de bolivianos. El principal problema radica en que estas tuberías carecen del revestimiento interior indispensable para su uso en la distribución de agua a alta presión.
La denuncia fue interpuesta el 17 de noviembre por Pedro Flores, quien se desempeñó como interventor de la empresa hasta hace dos semanas. El caso ya fue admitido y uno de los acusados ha rendido declaración informativa ante las autoridades. Los señalados son Bladimir Iraízos, Jaime Gutiérrez y Alfredo Ayala, a quienes se les atribuyen los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La presunta irregularidad salió a la luz gracias a la investigación iniciada en 2021 por el consultor en agua y saneamiento José María Herbas, durante la gestión de Iraízos. En ese período, Epsas firmó un contrato con la empresa peruana La Llave SRL, una firma intermediaria cuestionada en el proceso de licitación. Posteriormente, bajo la administración de Gutiérrez, funcionarios de la empresa realizaron un viaje a China para inspeccionar la fabricación de las tuberías. A pesar de que los informes técnicos indicaron la ausencia del revestimiento interno, se recomendó continuar con la compra.
Gutiérrez también es acusado de aceptar las tuberías en La Paz en 2023 sin verificar su estado, permitiendo que la empresa peruana cobrara por el material. Por su parte, Ayala no habría tomado medidas legales para corregir la situación, lo que agravó la responsabilidad de Epsas, que fue demandada por La Llave S.A. debido a la falta de reclamos formales sobre la calidad del producto.
Herbas considera que los cargos presentados contra los exfuncionarios son insuficientes y sugiere que la denuncia, aparentemente presentada por Flores solo para cumplir con formalidades, debería ampliarse para incluir delitos como ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito, con el fin de asegurar la reparación del daño económico y proteger a la población afectada.
El experto recomienda que la nueva administración de Epsas continúe con la investigación penal, solicitando al fiscal la anotación preventiva de los bienes de los implicados y la aplicación de medidas cautelares que garanticen su presentación durante el proceso judicial.
Según una auditoría de cumplimiento realizada a raíz de una denuncia del Viceministerio de Transparencia, la compra de las tuberías no presentó irregularidades administrativas formales, pero sí evidenció un direccionamiento con la intención de beneficiar a los funcionarios mediante sobreprecios. Las 252 tuberías, con un espesor de 1,3 centímetros, un diámetro de 60 centímetros y 12 metros de longitud, permanecen abandonadas en terrenos de Epsas.
Estas tuberías estaban destinadas a renovar el sistema que atraviesa la zona afectada por un mega deslizamiento en Callapa y Valle de las Flores, un área que pone en riesgo el suministro de agua potable a más de 130 barrios en el sur de La Paz.
Bladimir Iraízos, responsable principal del proceso de licitación y contratación con La Llave SRL, había estado sujeto a una orden de detención preventiva, pero recientemente se benefició con el sobreseimiento en otro proceso relacionado con delitos contra Epsas. Se ha denunciado que adquirió acciones en una mina de oro en Licoma y bienes muebles e inmuebles a nombre de terceros, lo que refuerza la necesidad de la anotación preventiva de sus bienes y los de sus familiares hasta tercer grado.
Los involucrados no respondieron a los intentos de contacto para obtener sus versiones. De manera extraoficial, se confirmó que Jaime Gutiérrez ya compareció ante la Fiscalía para prestar declaración
