El fiscal especializado en materia penal económica, Claudio Roberto Navas Rial, ha formulado cargos formales contra Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y Pablo Toviggino, tesorero de la institución, en el marco de una investigación por la supuesta retención indebida de aportes previsionales y otros tributos.
La causa, que se encuentra bajo la jurisdicción del juzgado a cargo de Diego Amarante, se inició a partir de una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La denuncia señala un incumplimiento en el pago de aportes que supera los 19.000 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 13 millones de dólares, correspondientes a un período de dos años.
En el requerimiento de instrucción, el fiscal atribuye a Tapia la responsabilidad en su rol de presidente y administrador de clave fiscal de la AFA, destacando la complejidad económica de la entidad y la magnitud de los montos involucrados, lo que justifica la ampliación de la investigación para incluir a otros miembros de la comisión directiva.
El expediente investiga presuntas maniobras de apropiación indebida relacionadas con la retención y no depósito de tributos y contribuciones a la seguridad social, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el Impuesto a las Ganancias y aportes jubilatorios, en un lapso comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según la legislación vigente, estos hechos podrían conllevar penas de prisión de entre dos y seis años para quienes, en calidad de agentes de retención, no cumplan con los plazos legales para depositar dichos fondos.
Esta investigación representa la primera de tres causas recientes en las que se encuentra imputado Tapia. Las otras indagan posibles irregularidades financieras relacionadas con la firma Sur Finanzas y la compra de una propiedad de lujo en la zona bonaerense de Pilar.
En respuesta a estas acciones judiciales, la AFA ha denunciado que se trata de un ataque coordinado por parte del Gobierno, tras una denuncia presentada por la senadora oficialista Patricia Bullrich ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por presunta corrupción contra Tapia.
El conflicto entre el Gobierno y la AFA se ha prolongado por más de un año, intensificándose a raíz del intento del Ejecutivo de implementar un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol nacional, propuesta que fue rechazada de manera contundente por la entidad que regula el fútbol argentino y la mayoría de los clubes afiliados
