Con la gestión de la Asamblea Legislativa Departamental próxima a su cierre en abril de 2026, el órgano legislativo se encuentra en una etapa crucial para definir proyectos normativos que resultan fundamentales para la estabilidad financiera y la autonomía del departamento. Aunque no se ha establecido un calendario oficial para el tratamiento de las iniciativas, los legisladores coinciden en la urgencia de avanzar en ciertas leyes prioritarias antes de finalizar el periodo.
Entre las propuestas más relevantes destaca la Ley de Turismo y Tasas Departamentales, actualmente en análisis. Esta normativa tiene como propósito regular los servicios vinculados al turismo y establecer un esquema de tasas anuales para diferentes prestadores, incluyendo hospedajes, guías turísticos, agencias de viaje y transporte especializado. La intención es que los recursos generados permanezcan en el departamento, evitando su traslado al nivel central. Además, la ley contempla la regulación de alojamientos temporales y plataformas digitales como Airbnb, un sector que hasta ahora opera sin supervisión.
Otro proyecto pendiente es la Ley Electoral Departamental, diseñada para dotar al departamento de un marco normativo propio que regule las elecciones subnacionales previstas para 2026. Esta iniciativa busca fortalecer la autonomía política y adaptar la representación a las particularidades locales, aunque su tratamiento aún no ha concluido.
En paralelo, se encuentran en trámite la reducción de escaños en la Asamblea y una reforma parcial del Estatuto Autonómico, ambas iniciativas remitidas al Tribunal Constitucional para su revisión. Asimismo, el debate en torno al pacto fiscal se prevé retomar tras el receso legislativo, en un contexto donde se ha logrado consolidar un mayor consenso dentro del hemiciclo.
En cuanto a la redistribución de recursos, la Ley del 45% sobre regalías hidrocarburíferas sigue siendo un tema central y conflictivo. Esta propuesta plantea modificar el esquema actual para que las provincias productoras reciban una proporción acorde a su contribución, pasando de un modelo centralizado a uno regionalizado y más equitativo. El proyecto, aprobado por la Asamblea y enviado al Ejecutivo para su promulgación, ha generado tensiones significativas entre provincias, con movilizaciones y enfrentamientos políticos. Mientras algunas regiones exigen la implementación de esta redistribución, otras, como el Gran Chaco, rechazan la ley argumentando su supuesta inconstitucionalidad y la prevalencia de normativas nacionales que garantizan el porcentaje actual de regalías.
Legisladores han advertido que sin un pacto fiscal efectivo y una redistribución justa de recursos, la planificación departamental continuará basándose en datos desactualizados y con menos recursos disponibles, poniendo en riesgo el cumplimiento de programas y obligaciones legales. Además, subrayan que la reducción de asambleístas representa una medida orientada a mejorar la eficiencia y generar ahorros, aunque este tema ha quedado estancado por diferencias políticas.
En definitiva, avanzar en estas iniciativas legislativas es considerado fundamental para evitar la repetición de promesas incumplidas y para dejar un marco normativo sólido que facilite la gestión de las futuras autoridades departamentales. El debate sobre el pacto fiscal, la redistribución de regalías, la regulación del turismo y la ley electoral constituyen los ejes que definirán el rumbo político y financiero del departamento en los próximos años
