Las recientes medidas económicas implementadas por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira han generado diversas reacciones en el ámbito político, especialmente en relación con la eliminación de la subvención a los combustibles.
Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y líder de Creemos, señaló que aunque estas decisiones son complejas, resultan indispensables para superar la crisis económica actual, la cual, según él, es consecuencia de las políticas del gobierno anterior. Camacho destacó que la eliminación de la subvención era inevitable para iniciar la recuperación económica, señalando que este mecanismo había contribuido al empobrecimiento del país, así como al aumento del contrabando y la corrupción. Además, valoró el aumento del salario mínimo nacional a 3.300 bolivianos y la mejora en la Renta Dignidad como medidas clave para proteger a los adultos mayores.
Por su parte, Samuel Doria Medina, empresario y líder de Unidad Nacional, calificó la decisión gubernamental como valiente y necesaria para evitar una crisis económica más profunda. En sus declaraciones, enfatizó que el subsidio a los combustibles generaba pérdidas millonarias por contrabando, lo que limitaba los recursos del Estado para enfrentar la crisis financiera. Reconoció que estas medidas podrían provocar un aumento temporal en los precios, pero aseguró que son fundamentales para controlar la inflación y estabilizar la economía a mediano plazo.
En contraste, figuras políticas vinculadas al Movimiento Al Socialismo (MAS) expresaron críticas contundentes. El expresidente Evo Morales calificó la eliminación de la subvención como una medida improvisada, argumentando que no se presentaron estudios técnicos ni se buscó un consenso social. Morales destacó la desproporción entre el aumento de los salarios y el incremento en los precios de los combustibles, advirtiendo que esto afecta especialmente a las familias trabajadoras y podría desencadenar una escalada generalizada en los precios. Asimismo, cuestionó la falta de medidas de protección frente a la volatilidad internacional y criticó que los sectores más privilegiados se beneficien mientras los más vulnerables asumen el mayor impacto.
De manera similar, el exsenador Andrónico Rodríguez rechazó estas medidas calificándolas como un “shock” que favorece al poder en detrimento del pueblo. Indicó que la aplicación de estos ajustes debió realizarse de forma gradual y con la participación de los sectores más afectados, como el transporte público. Rodríguez advirtió que la eliminación total de la subvención provocará un aumento significativo en los precios, afectando a toda la población y representando un golpe directo a la economía familiar. Además, recordó que el gobierno había prometido priorizar la reducción de gastos innecesarios antes de trasladar el costo al pueblo.
En resumen, las medidas económicas adoptadas por la administración de Paz Pereira han generado un amplio debate entre quienes las consideran necesarias para la recuperación económica y quienes las ven como un impacto negativo para la población, especialmente para los sectores más vulnerables. La discusión continúa abierta en el país, mientras se monitorean los efectos de estas políticas en la economía nacional
