A pesar de la reciente disminución en el precio del dólar, los medicamentos oncológicos en Bolivia permanecen inaccesibles para muchos pacientes. En varias regiones, quienes enfrentan un diagnóstico de cáncer denuncian que las medidas anunciadas para reducir los costos no se han traducido en mejoras concretas en farmacias ni hospitales. Por ello, exigen al Gobierno Nacional la implementación urgente de arancel cero en la importación de estos medicamentos, con el fin de facilitar tratamientos continuos y asequibles.

El reclamo, aunque persistente, cobra mayor relevancia en un contexto donde el discurso oficial promete atención gratuita a través del Sistema Único de Salud (SUS), mientras la realidad cotidiana refleja escasez de insumos, precios elevados y la interrupción de terapias esenciales.

El alto costo del tratamiento oncológico sigue siendo una barrera insalvable para la mayoría de las familias. Los gastos varían según el tipo de cáncer y el protocolo médico, pero incluso la quimioterapia más básica puede superar los 2.000 dólares, cifra inalcanzable para quienes dependen de ingresos mínimos o residen en zonas rurales. Si bien existen apoyos a nivel departamental, financiados por autoridades locales, estos fondos resultan insuficientes para cubrir la demanda y la complejidad del problema.

Uno de los principales obstáculos es la falta de medicamentos esenciales, incluyendo insumos para diagnósticos previos como el contraste utilizado en tomografías y resonancias. La escasez y los precios elevados de estos productos complican aún más el acceso a un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Por ejemplo, el costo de un solo envase de contraste puede alcanzar valores prohibitivos para pacientes sin confirmación diagnóstica, evidenciando un desajuste en la cadena de suministro y comercialización.

La persistencia de precios altos, a pesar de la depreciación del dólar, sugiere la ausencia de un control efectivo sobre la importación y distribución de medicamentos oncológicos. La aplicación de arancel cero en la importación se vislumbra como una solución viable para reducir costos, siempre que se complemente con una fiscalización rigurosa que evite la especulación y garantice la llegada de los medicamentos a quienes los necesitan.

Las consecuencias de esta situación son graves, ya que la falta de recursos económicos obliga a muchos pacientes a interrumpir sus tratamientos, afectando directamente sus posibilidades de recuperación. Casos documentados revelan que algunos deben detener quimioterapias por no contar con los fondos necesarios, una situación que puede resultar fatal debido a la necesidad de continuidad en estos procedimientos.

Organizaciones que acompañan a pacientes oncológicos reportan que el desabastecimiento se repite periódicamente y atribuyen esta problemática a fallas en los procesos de licitación. Aunque existen precios referenciales establecidos por instancias estatales, estos no siempre resultan atractivos para los proveedores, lo que provoca licitaciones desiertas y agrava la escasez.

En el ámbito legislativo, representantes han elevado estas inquietudes al Gobierno Nacional, solicitando la implementación de arancel cero y la mejora en la provisión de medicamentos oncológicos. Se ha informado que se trabaja en propuestas para aliviar los costos, incluyendo el uso de créditos aprobados recientemente y la exploración de convenios internacionales que permitan acceder a medicamentos a precios más bajos. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la volatilidad del dólar y la especulación en el mercado farmacéutico.

Paralelamente, el sistema de salud enfrenta una crisis de infraestructura y capacidad. El colapso de hospitales regionales que atienden a pacientes con cáncer obliga a que muchos continúen sus tratamientos en casa, especialmente durante horarios nocturnos, situación que no tiene precedentes y refleja la urgencia de una respuesta integral por parte de las autoridades sanitarias.

En síntesis, la combinación de altos costos, desabastecimiento, deficiencias en la infraestructura hospitalaria y falta de políticas efectivas representa un desafío crítico para el acceso a tratamientos oncológicos en Bolivia, que requiere atención prioritaria y acciones coordinadas para garantizar la salud y la vida de los pacientes

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