La reciente revocación en Estados Unidos de una indemnización superior a los 200 millones de dólares vinculada al accidente aéreo del Chapecoense ha generado un cambio significativo en el panorama legal que rodea este caso. Samuel Durán, abogado de Celia Castedo, señaló que esta decisión judicial podría tener un impacto directo en las víctimas y cuestiona la asignación de la responsabilidad económica por el siniestro ocurrido en 2016.
Durán explicó que el fallo estadounidense parece buscar deslindar responsabilidades por parte del reaseguro involucrado, evitando así asumir el pago correspondiente a la reparación de los daños sufridos por las víctimas. En este contexto, el abogado recordó que el caso Chapecoense está compuesto por tres procesos simultáneos: un laudo arbitral, una demanda civil y un juicio penal en Bolivia, ninguno de los cuales ha concluido hasta la fecha. Por ello, consideró que la sentencia emitida en Estados Unidos carece de viabilidad mientras los procedimientos nacionales continúan abiertos.
El representante legal indicó que la responsabilidad económica para la compensación debería recaer inicialmente en la aseguradora y, posteriormente, en el reaseguro. Precisó que fue esta última entidad la que apeló la resolución estadounidense, buscando evitar cubrir daños materiales que superan los 800 millones de dólares.
En cuanto a la jurisdicción estadounidense, Durán aclaró que, aunque el avión partió de Bolivia, se estrelló en Colombia y fue fabricado en Inglaterra, el proceso se trasladó a Estados Unidos debido a que la empresa reaseguradora tiene su sede en ese país, lo que abre la posibilidad de que las víctimas puedan emprender acciones legales allí si el reaseguro continúa negándose a indemnizar.
Respecto a la responsabilidad de funcionarios bolivianos en el accidente, el abogado enfatizó que el informe oficial de la Aeronáutica Civil de Colombia, elaborado conforme a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), descarta la implicación directa de empleados estatales bolivianos. Según este documento, el siniestro se atribuye a vacíos normativos y fallas administrativas, sin que exista evidencia de que Celia Castedo u otros servidores públicos hayan intervenido de manera directa o negligente en la autorización del vuelo.
Sobre la situación judicial de Castedo, Durán confirmó que actualmente se encuentra en Bolivia y participa activamente en su defensa dentro del proceso penal, que aún está en etapa de juicio. Destacó que las suspensiones del juicio no han sido responsabilidad ni de la acusada ni del Ministerio Público, sino que se deben a la falta de participación de ciertas instituciones estatales que deberían formar parte del proceso.
Finalmente, el abogado negó categóricamente que Castedo haya autorizado el plan de vuelo de la aerolínea LaMia, aclarando que esta atribución correspondía a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que fue la entidad encargada de aprobar el plan presentado. Además, señaló que la DGAC, que ahora actúa como denunciante, debería asumir su responsabilidad en lugar de atribuirla a una persona sin competencia para tomar esa decisión. Los documentos oficiales respaldan que Castedo no tenía facultades para autorizar la salida del avión, según los manuales de la OACI
