La Fiscalía ha solicitado que el expresidente y exministro de Economía, Luis Arce Catacora, sea sometido a detención preventiva por tres meses en el centro de reinserción Qalauma, un establecimiento destinado exclusivamente a adolescentes y jóvenes infractores. Esta petición ha generado una fuerte controversia entre expertos legales, quienes califican la medida como ilegal, absurda y un privilegio injustificado hacia la exautoridad.
Arce enfrenta cargos por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el marco del caso Fondo Indígena, uno de los escándalos de corrupción más significativos en las últimas dos décadas. La Fiscalía argumenta su solicitud basándose en supuestos riesgos de fuga y la posible obstrucción a la investigación. Sin embargo, la elección del centro Qalauma para su custodia ha provocado críticas por no ajustarse a la normativa vigente.
El exfiscal y abogado Joadel Bravo señaló que la petición contradice lo estipulado en la Ley 548, conocida como el Código Niña, Niño y Adolescente, que establece que los centros juveniles están destinados únicamente a personas entre 16 y 21 años, con una extensión excepcional hasta los 25, siempre que hayan cometido infracciones específicas contempladas en leyes especiales. Explicó que la ley distingue entre delitos cometidos por menores y adultos, otorgando una protección especial a los jóvenes debido a su desarrollo incompleto, por lo que no es procedente alojar a un adulto en un centro para menores.
Bravo enfatizó que Qalauma no está habilitado para albergar a un adulto investigado por corrupción y que la detención en ese lugar representa un trato preferencial para Arce. Cuestionó la disparidad en el trato con respecto a otros detenidos políticos, quienes han sido recluidos en cárceles comunes, y advirtió que aceptar esta solicitud podría sentar un precedente inapropiado para otros casos.
Por su parte, el abogado constitucionalista Martín Camacho coincidió en que la solicitud de la Fiscalía carece de fundamento legal. Señaló que el artículo 237 del Código de Procedimiento Penal establece que las detenciones preventivas deben cumplirse en centros penitenciarios para adultos, y que Qalauma no cumple con esta condición. Además, mencionó que la Ley 2298 de Ejecución Penal define claramente los espacios destinados a personas en detención preventiva, siendo Qalauma exclusivo para menores infractores.
Camacho también criticó la falta de justificación por parte de la Fiscalía para argumentar que Arce correría algún riesgo en una cárcel común, calificando la solicitud como un favorecimiento injustificado. Asimismo, destacó la inconsistencia en la aplicación de criterios, señalando que no se ha considerado esta opción para otros detenidos políticos, lo que evidencia un trato desigual.
El centro de reinserción Qalauma, ubicado en Viacha, fue establecido en 2011 para jóvenes entre 16 y 21 años, con una capacidad inicial para 150 internos. A lo largo del tiempo, se ha ampliado para albergar hasta 499 jóvenes procesados bajo el régimen penal adolescente, permitiendo excepcionalmente la internación de personas hasta 28 años dentro de este sistema. Sin embargo, con 62 años, Luis Arce no cumple con los requisitos legales para ser ingresado en esta institución.
Actualmente, Arce se encuentra en custodia en las celdas de la Felcc, a la espera de que un juez anticorrupción determine la audiencia cautelar correspondiente. Su defensa ha anunciado que presentará solicitudes de medidas sustitutivas, mientras que organizaciones sociales y víctimas relacionadas con el caso Fondo Indígena demandan que la justicia actúe con imparcialidad y conforme a la ley
