El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, enfatizó que la investigación sobre el caso del desfalco al Fondo Indígena debe extenderse más allá del expresidente Luis Arce, involucrando a todos los miembros del directorio que administraba esta entidad durante el periodo en que se produjo el daño económico millonario. Esta declaración surge mientras Arce espera la audiencia cautelar que definirá su situación legal en este proceso.
Oviedo señaló que la pesquisa debe incluir a figuras clave del gobierno de entonces, como la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, y el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, entre otros integrantes del gabinete. Destacó que estas autoridades tenían influencia directa y capacidad decisoria en la gestión del Fondo Indígena, cuyo directorio estaba compuesto en parte por ministros de Estado. Además, recordó que Arce, en su rol como ministro de Economía durante la administración de Evo Morales, presidía dicho directorio.
El Fondo Indígena fue establecido en 2005 mediante un decreto supremo y funcionaba bajo un directorio multisectorial. Este órgano incluía al Ministerio de Desarrollo Rural, liderado por Nemesia Achacollo y responsable directo de la entidad; el Ministerio de Planificación, inicialmente bajo Noel Ricardo Aguirre y posteriormente de manera interina por Walter Delgadillo; el Ministerio de Economía, con Arce al mando; y el Ministerio de la Presidencia, dirigido por Quintana. A esta estructura estatal se sumaban representantes de diversas organizaciones sociales del Pacto de Unidad, tales como la CSUTCB, el Conamaq, la Cidob, la Confederación Sindical de Colonizadores, la Asamblea del Pueblo Guaraní, la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz y la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni. Todos estos actores tenían voz y voto en la aprobación de proyectos y la administración de los recursos.
En relación con las recientes detenciones, además de Luis Arce, fue aprehendida la exdiputada del MAS, Lidia Patty, quien está acusada de haberse beneficiado con 700.000 bolivianos provenientes del Fondo Indígena. Este monto correspondía a un proyecto destinado a la producción de tomates en ocho comunidades, iniciativa que, según la Fiscalía, no se ejecutó en su totalidad.
El ministro Oviedo reiteró que la investigación debe abarcar a todos los integrantes del directorio, dado que la gestión de los recursos fue colegiada y las decisiones no dependían de una sola persona. Solo a través de este enfoque integral será posible determinar responsabilidades concretas y esclarecer el perjuicio económico ocasionado al Estado
