Entre 2013 y 2015, el entonces ministro de Economía, Luis Arce, realizó transferencias que superaron los 100 millones de bolivianos a al menos 20 cuentas bancarias vinculadas a dirigentes de diversas organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS). Debido a estas operaciones, la Fiscalía inició un proceso legal en su contra por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El abogado Eduardo León, representante de la parte denunciante, explicó que la investigación se centra en las transferencias hechas bajo la figura de proyectos de desarrollo campesino, dirigidas a líderes de organizaciones como las Bartolinas, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y la Federación de Campesinos Túpac Katari, entre otras. Estas personas habrían recibido fondos públicos depositados en cuentas privadas por un monto total que asciende a más de 102 millones de bolivianos.
León detalló que estos pagos se realizaron en el marco de supuestos proyectos, aunque el elemento central de la investigación es la transferencia de recursos estatales a cuentas personales, lo que configura el delito principal que se imputa al exministro. Esta información surge en medio de especulaciones sobre la malversación de fondos públicos del Fondo Indígena tras la detención de Arce, quien fue aprehendido en La Paz y para quien la Fiscalía solicita 90 días de detención preventiva en el Centro de Reinserción de Qalauma, en Viacha.
Entre los beneficiarios identificados se encuentra Melva Hurtado Áñez, exdirigente de la Cidob, quien habría recibido más de 22 millones de bolivianos en su cuenta del Banco Nacional de Bolivia, siendo la suma más elevada entre los señalados. Otros dirigentes que habrían recibido importantes montos incluyen a Hubert Rivero Méndez con más de 11 millones, Victoria Justiniano Gonzales con más de 8 millones, y Dionicio Flores López con cerca de 6.7 millones de bolivianos, entre otros.
Además, se mencionan otros exdirigentes que habrían percibido entre 2.4 y 2.9 millones de bolivianos cada uno, como Félix Mendieta Ramírez, Eugenio Cafia Soraide y Cresencio Yavi Choque, entre otros. La lista se amplía con nombres vinculados a la dirigencia masista, quienes también habrían recibido recursos públicos en sus cuentas personales. Entre ellos figuran Juanita Ancieta, dirigente de las Bartolinas, con más de 9 millones de bolivianos; el exsenador Jorge Choque Salomé, quien habría gestionado un proyecto ficticio por casi 3 millones; Fernando Choque, dirigente campesino con más de 8 millones; y Hilarión Mamani, exdirigente del Conamaq, con 600 mil bolivianos.
Asimismo, se señala al actual gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, quien en aquel periodo era dirigente de la Csutcb y habría recibido 600 mil bolivianos. Estas transferencias forman parte de la investigación que busca esclarecer el destino de los fondos públicos y determinar responsabilidades en la supuesta desviación de recursos estatales
