La Contraloría General del Estado identificó irregularidades en la contratación de servicios publicitarios por parte de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) durante el año 2023, periodo en el que Alan Barca Herrera ejerció la presidencia de dicha instancia. La auditoría reveló que se contrataron páginas web y espacios digitales que carecían de actividad real y no contaban con la acreditación necesaria para operar como medios de comunicación legítimos.
Estas anomalías fueron dadas a conocer por el asambleísta Mauricio Lea Plaza, quien indicó que la Contraloría concluyó su investigación confirmando múltiples deficiencias en la gestión de recursos públicos destinados a publicidad institucional. Lea Plaza informó que desde noviembre de 2023 solicitó en reiteradas ocasiones a la presidencia de la ALDT información detallada sobre los procesos de contratación, pero inicialmente no obtuvo respuesta. Ante esta negativa, presentó recursos legales que finalmente le permitieron acceder a la documentación requerida, lo que facilitó la detección de irregularidades en 57 contratos.
El informe de la Contraloría señaló diversas fallas, entre las que se destacan la ausencia de un plan de medios que guíe la selección y distribución de los recursos, la falta de criterios técnicos para asignar montos a los proveedores, y la contratación de medios digitales sin vigencia real, considerados como inexistentes o inactivos. Además, se evidenció la suscripción de contratos sin la documentación adecuada que garantizara la capacidad y naturaleza de los supuestos medios contratados.
Otro hallazgo relevante fue la asignación de beneficios exclusivos a un canal televisivo de Yacuiba sin justificación técnica, así como la identificación de vínculos familiares entre algunos servidores públicos involucrados en los procesos y los medios favorecidos. Estas prácticas contravienen el Decreto Supremo 181 y el Reglamento Específico de Contrataciones de la ALDT, reflejando un uso discrecional de los recursos públicos durante el segundo semestre de 2023.
En respuesta a estos hallazgos, la Contraloría remitió el caso a la presidencia de la Asamblea para que se inicien los procesos sumarios administrativos correspondientes contra varios funcionarios implicados, incluyendo al expresidente de la ALDT y a otros servidores públicos señalados en el informe. Dependiendo de los resultados de estas investigaciones internas y de posibles acciones judiciales, podrían derivarse sanciones administrativas e incluso responsabilidades penales
