La Fiscalía General del Estado de Bolivia reportó que durante el transcurso de 2025, un total de 73 mujeres perdieron la vida a causa de la violencia de género, mientras que se registraron 27 casos de infanticidio en el país. Estas cifras corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 8 de diciembre.
Según el fiscal superior de Vida y Personas, Sergio Fajardo, la mayoría de estos hechos se concentraron en las regiones más pobladas del país, especialmente en el eje central que incluye Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. En detalle, La Paz presentó la cifra más alta con 30 feminicidios, seguida por Santa Cruz con 16 y Cochabamba con 11. Oruro y Potosí reportaron seis casos cada una, mientras que Tarija y Chuquisaca registraron tres y uno respectivamente.
Entre los incidentes recientes de feminicidio, destaca el hallazgo del cuerpo de una mujer de 33 años en un terreno baldío de El Alto, donde se constató que la víctima murió por asfixia debido a estrangulamiento. La pareja de la víctima fue detenida preventivamente por seis meses como principal sospechoso.
En cuanto a los infanticidios, Cochabamba lidera con ocho casos, seguida por La Paz con siete y Santa Cruz con seis. Oruro, Potosí y Chuquisaca también reportaron víctimas menores de edad, con dos, tres y uno respectivamente. Un caso que conmocionó a la población tuvo lugar en octubre en La Paz, donde un niño de dos años falleció tras recibir un golpe en la cabeza. Las investigaciones apuntan al padre y a la niñera del menor como sospechosos, quienes además están siendo indagados por maltrato, dado que el niño presentaba desnutrición y lesiones previas.
Durante el año 2024, se registraron 84 feminicidios, 34 infanticidios y más de 50 mil denuncias relacionadas con la Ley 348, norma que busca garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Esta legislación establece una pena máxima de 30 años de prisión sin posibilidad de indulto para quienes cometen feminicidio, siendo la sanción más severa en el sistema legal boliviano.
No obstante, diversas organizaciones feministas han señalado que la aplicación de esta ley enfrenta dificultades debido a la insuficiencia de recursos y personal capacitado para atender adecuadamente estos casos, lo que limita la efectividad de las medidas de protección y justicia para las víctimas. La Fiscalía hizo un llamado a reforzar las acciones preventivas y a proteger a los grupos más vulnerables frente a la violencia
