La justicia paraguaya dictó las penas máximas contempladas en su código penal contra dos ciudadanos bolivianos implicados en el secuestro, asesinato y desmembramiento del empresario kazajo Mikhael Vasilievich Legotkin, ocurrido en febrero de 2022. Este hecho estaría relacionado con una supuesta deuda que la víctima mantenía con una red criminal internacional.

Víctor Álvaro Roca Vargas, de 50 años y con ascendencia japonesa, fue condenado a 30 años de prisión como pena principal, además de 10 años adicionales bajo medidas de seguridad, acumulando un total de 40 años de privación de libertad. Por su parte, Cristhian Picha Ricaldi, de 28 años y boliviano con documentación peruana, recibió una sentencia de 15 años de prisión ordinaria y 5 años más en medidas de seguridad, sumando 20 años de encarcelamiento.

El Tribunal de Sentencia del departamento Central, presidido por el juez Jorge David Romero Morínigo e integrado por los magistrados Hugo Víctor Segovia Villasanti y Rodrigo Rubén Duré Ibarrola, emitió el veredicto tras un juicio donde se reconstruyeron los hechos violentos que rodearon el caso, declarando a ambos responsables culpables de homicidio doloso.

Según la investigación fiscal, el secuestro se produjo en la madrugada del 3 de febrero de 2022, cuando los acusados se alojaron en un motel propiedad de la víctima. Utilizando el pretexto de una supuesta falla en la cañería de una habitación, lograron atraer a Legotkin y someterlo mediante violencia física. Posteriormente, el empresario fue trasladado en su propia camioneta a una vivienda alquilada, donde fue asesinado al día siguiente.

Los perpetradores adquirieron un congelador para ocultar el cuerpo, que días más tarde fue desmembrado y enterrado en una fosa común en Ypané, lugar donde la Policía finalmente encontró los restos. La investigación determinó que los homicidas llegaron desde Bolivia con la orden de eliminar a la víctima, aunque en un principio pretendían simular un secuestro para exigir rescate. La fiscalía sostiene que el motivo del asesinato fue una deuda de 200.000 dólares que Legotkin mantenía con un líder de una organización criminal internacional.

Los acusados fueron detenidos el 11 de febrero de 2022, tras un exhaustivo seguimiento de cámaras de seguridad que permitió rastrear sus movimientos desde el abandono del vehículo de la víctima hasta el alquiler de otro automóvil utilizado durante el delito. La acusación estuvo a cargo de los fiscales Gedeón Marcel Escobar Torres, Carlos Alberto Maldonado Ramírez y María Irene Álvarez Ferrario de Monges.

Actualmente, Víctor Álvaro Roca Vargas cumple su condena en la cárcel Padre Juan Antonio de la Vega, mientras que Cristhian Picha Ricaldi se encuentra recluido en el penal de Emboscada Antigua. Este caso ha generado gran impacto por la meticulosidad en la planificación y la extrema violencia empleada, siendo considerado uno de los crímenes más atroces registrados en el país en los últimos años