La asambleísta departamental del MAS, Juanita Miranda Ramírez, anunció que emprenderá acciones para recuperar los 6.2 millones de bolivianos que una empresa retuvo en perjuicio de la gobernación, en el marco de un juicio relacionado con una obra inexistente. Miranda calificó como inaceptable que se haya perdido esa cantidad de dinero público y enfatizó la necesidad de iniciar procesos de repetición para resarcir el daño económico sufrido por la administración departamental.
La legisladora señaló que la retención de los fondos está vinculada a una obra que no se concretó durante la gestión del ex subgobernador Walter Ferrufino, responsable de la provincia O’Connor. Esta situación ha generado una afectación significativa en las finanzas de la gobernación, que vio cómo se descontaron 6.2 millones de bolivianos de los 22 millones provenientes de regalías departamentales. Esta reducción ha provocado dificultades para cumplir con el pago de salarios de noviembre a todos los funcionarios, incluyendo a los asambleístas, quienes aparentemente solo recibirán el aguinaldo.
Miranda advirtió que el problema va más allá de los sueldos, ya que afecta directamente a los programas sociales destinados a la población vulnerable, como la canasta alimentaria, el Prosol y los salarios del personal de salud. La falta de recursos pone en riesgo la continuidad de estas iniciativas esenciales, generando una situación crítica para quienes dependen de ellas.
Asimismo, la asambleísta criticó la falta de ajustes en el Ejecutivo, a pesar de que la Asamblea Legislativa sí ha realizado recortes en su funcionamiento, limitándose incluso a recibir solo suministros básicos como papel y tóner para operar. En este contexto, Miranda cuestionó la gestión del gobernador, quien había mencionado la necesidad de modificar o abrogar 90 leyes para evitar la crisis actual. La legisladora puso en duda el cumplimiento de estas normativas, estimando que solo se acatan entre 20 y 25, mientras que el resto permanece sin ser aplicado, lo que no ha generado consecuencias legales para la autoridad departamental.
En resumen, la situación financiera de la gobernación se encuentra comprometida por la retención de fondos vinculados a una obra inexistente, lo que ha impactado negativamente en el pago de salarios y la ejecución de programas sociales vitales, mientras se espera que se tomen las medidas legales correspondientes para recuperar los recursos afectados
