Manuel Morales, activista, junto con el abogado Héctor Castellón, han solicitado que se reconozca y reivindique la memoria de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, quien falleció el 18 de abril de 2022 mientras estaba privado de libertad tras denunciar un millonario desfalco en dicha entidad estatal. Esta petición fue planteada durante el programa Hagamos Democracia, transmitido por la red Erbol, donde ambos lamentaron que el caso haya permanecido prácticamente olvidado durante casi tres años.

Aramayo estuvo detenido durante siete años y enfrentó un total de 256 procesos judiciales iniciados durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS). En los meses previos a su fallecimiento, su salud se deterioró considerablemente, y finalmente perdió la vida debido a un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en la unidad de terapia intensiva del hospital Cotahuma, en La Paz.

Castellón manifestó su profunda indignación por lo sucedido, enfatizando la importancia de no dejar que el caso del Fondo Indígena se desvanezca en el olvido, ya que hacerlo representaría un fracaso para la sociedad. Además, advirtió que cualquier persona podría enfrentar una situación similar a la de Aramayo, denunciando que la persecución judicial en su contra fue producto de acciones malintencionadas por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial.

A pesar de ello, Castellón destacó que aún existen operadores de justicia íntegros y los instó a alzar la voz para evitar que este caso quede impune, reclamando que se le devuelva a Aramayo, al menos, el reconocimiento a su integridad, sus ideales y su moralidad.

El caso volvió a la atención pública tras la reciente detención de la exdiputada del MAS, Lidia Patty, quien está siendo investigada por delitos relacionados con el mismo desfalco que Aramayo denunció. Morales recordó que, aunque Aramayo fue quien reveló las irregularidades, terminó siendo el único encarcelado en este proceso.

En 2016, Aramayo denunció que la entonces ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, autorizó en 2014 el desembolso de 575 millones de bolivianos durante un año electoral, pese a que el Fondo Indígena atravesaba una crisis financiera grave. Después de dejar la dirección del organismo en febrero de 2015, ya enfrentaba más de 120 denuncias por presuntos delitos como incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos perjudiciales para el Estado.

Morales, miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos (Conade), apoyó la propuesta de rendir un homenaje póstumo a Aramayo, subrayando la necesidad de reconocerlo como una persona víctima de esta situación, así como a los pueblos indígenas que, según indicó, fueron defraudados con proyectos que nunca se concretaron, aunque se presentaban como logros sociales.

La muerte de Marco Antonio Aramayo provocó indignación en varios sectores de la sociedad, que consideran que recibió un trato inhumano durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Este último ha sido mencionado en las solicitudes de investigación, ya que formó parte del directorio que autorizó los desembolsos que finalmente condujeron al desfalco en el exFondo Indígena