La exdiputada vinculada al Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, enfrenta una audiencia cautelar tras su aprehensión por presunto desfalco al Fondo Indígena. En este contexto, una prueba presentada por la defensa involucra al expresidente Luis Arce en el caso. El Ministerio Público ha solicitado cuatro meses de detención preventiva para Patty, bajo la acusación de incumplimiento de contratos con el Estado.
El abogado Eduardo León, quien actúa como denunciante, anunció que presentará una denuncia penal contra Arce, en calidad de exministro de Economía, por presunto favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Según León, Arce habría autorizado transferencias de fondos públicos a cuentas particulares, lo que constituye un acto ilegal.
Por su parte, el abogado defensor de Patty, Jorge Nina, reconoció que su representada recibió recursos del Fondo Indígena en cuentas personales para proyectos en ocho comunidades de La Paz. Sin embargo, argumentó que esta acción se realizó amparada en una resolución ministerial vigente en ese momento, y que Patty cuenta con la documentación que justifica el uso de esos fondos, negando cualquier apropiación indebida.
León refutó esta defensa, indicando que la resolución ministerial no exime a Patty de responsabilidad y, en cambio, compromete al expresidente Arce, quien habría avalado dichas transferencias. Además, destacó que tanto la normativa vigente en ese periodo como la actual prohíben expresamente el desembolso de recursos estatales en cuentas particulares.
El fiscal a cargo del caso, Miguel Cardozo, confirmó la presentación del descargo por parte de Patty, pero evitó pronunciarse sobre la legalidad de la autorización, señalando que este aspecto debe ser investigado en un proceso separado. Asimismo, enfatizó que Patty no puede alegar desconocimiento de la ley y que los proyectos agrícolas vinculados a los fondos no fueron concluidos, lo que genera un perjuicio económico para el Estado.
León detalló que la autorización para transferir dinero a cuentas personales fue uno de los factores que contribuyó al desfalco de más de 4.000 millones de bolivianos del Fondo Indígena. Citó casos específicos, como el de Melva Hurtado, quien recibió 21 millones de bolivianos en apenas cuatro minutos, y Juanita Ancieta, con un desembolso de 8 millones, entre otros dirigentes que habrían favorecido al MAS y al expresidente Evo Morales.
Además, León señaló que la autorización podría involucrar a los 39 miembros del directorio del Fondo Indígena, así como a exministros como Carlos Romero y a Nemesia Achacollo, exautoridad vinculada a esta gestión.
Este caso pone en evidencia irregularidades en la administración de recursos destinados a proyectos comunitarios, mientras las investigaciones continúan para esclarecer responsabilidades y determinar el alcance del perjuicio económico al Estado
