La exdiputada Lidia Patty anunció que se defenderá tras conocerse la orden de aprehensión emitida en su contra por la Fiscalía, en relación con un presunto daño económico al Estado vinculado a ocho proyectos financiados por el Fondo Indígena. En un breve contacto, Patty aseguró no haber abandonado el país y se declaró víctima de esta situación.

La orden de aprehensión número 226 fue confirmada por el fiscal Miguel Cardozo, quien afirmó que existen suficientes indicios para vincular a Patty con los delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. La Policía deberá ejecutar el mandamiento para que la exparlamentaria comparezca ante el Ministerio Público y se proceda a formalizar su imputación.

La investigación se centra en ocho proyectos que, según las autoridades, presentaban un avance del 50% a pesar de haber recibido el 80% de los desembolsos provenientes del Fondo Indígena. Parte de estos recursos, según la Fiscalía, habrían beneficiado directamente a Patty, información respaldada con documentación incautada durante un allanamiento en las oficinas del Fondo en La Paz.

El abogado Jorge Valda recordó que la denuncia original fue presentada por Marco Antonio Aramayo, fallecido en 2022, y que no solo involucraba a Patty, sino también a la exministra Nemesia Achacollo. Valda señaló que el presunto daño económico supera el millón de bolivianos y destacó que el mayor perjuicio recae en las ocho comunidades indígenas que no recibieron la ayuda destinada.

Asimismo, Valda calificó el caso como una “caja chica” utilizada por el Movimiento Al Socialismo para financiar campañas políticas y pagos a movilizados. Recalcó la necesidad de investigar no solo este caso, sino también otras instituciones que habrían sido empleadas por una organización criminal para gestionar recursos públicos de manera irregular