Lidia Patty Mullisaca ha recorrido un camino notable desde sus orígenes en las comunidades indígenas kallawayas hasta convertirse en una figura destacada dentro del Movimiento al Socialismo (MAS). Reconocida durante años como una de las voces oficiales que impulsaron procesos judiciales contra figuras opositoras vinculadas a la crisis política de 2019, ahora enfrenta investigaciones legales por presuntos daños económicos al Estado relacionados con el Fondo Indígena.
Su historia refleja una trayectoria marcada por la perseverancia, la defensa de los derechos indígenas, la participación política y, más recientemente, la confrontación con la justicia. Originaria de Charazani, en la provincia Bautista Saavedra, La Paz, Patty creció en un entorno con acceso limitado a la educación secundaria. A los 19 años se trasladó a la sede de gobierno para trabajar como empleada doméstica, y posteriormente regresó a su comunidad para completar sus estudios a través de un programa destinado a formar líderes indígenas. Durante este proceso, aprendió a leer y escribir en quechua, lo que fortaleció su identidad cultural y su compromiso con las comunidades originarias.
Con una formación como técnico humanístico bilingüe, ejerció como maestra de primaria y secundaria, labor que contribuyó a consolidar su perfil público como educadora y dirigente. Su incursión política se inició en la década de 1990, desempeñándose como ejecutiva provincial y luego como candidata y concejala por el MAS. En la legislatura 2014-2019, fungió como diputada suplente y asumió la titularidad en 2018, cuando su predecesor fue designado ministro.
Durante su gestión legislativa, Patty se destacó por su participación en los debates en torno a la crisis política de 2019, un periodo caracterizado por la anulación de elecciones y la asunción de nuevas autoridades, incluyendo a Jeanine Áñez. Posteriormente, fue una de las principales impulsoras de la acusación que derivó en la detención de Áñez, Luis Fernando Camacho y otros exministros, promoviendo la narrativa del denominado “golpe de Estado”. Esta postura generó críticas tanto de sectores opositores como de algunos aliados, quienes cuestionaron la coherencia de su actuación política.
En 2023, su nombramiento como cónsul en Puno, Perú, generó polémica debido a cuestionamientos sobre su acreditación y acusaciones de que su labor buscaba fortalecer movimientos indígenas transfronterizos con posibles implicaciones separatistas. La situación llevó a su retorno anticipado a Bolivia y a la suspensión de sus funciones diplomáticas. En el ámbito académico, obtuvo el título de abogada en 2025.
El giro más reciente en su carrera se produjo con la apertura de una investigación penal en su contra por presuntos perjuicios económicos al Estado, relacionados con proyectos financiados por el Fondo Indígena. Según la Fiscalía, varios proyectos reportaron un avance físico inferior al porcentaje de desembolsos recibidos, y parte de esos recursos habrían sido desviados hacia cuentas vinculadas a Patty. Ante la emisión de una orden de aprehensión, la justicia activó una alerta migratoria, mientras que su entorno político calificó la investigación como una represalia política.
En medio de estas circunstancias, las autoridades realizaron allanamientos en las oficinas del Fondo Indígena para recabar documentación vinculada a los proyectos en cuestión. Patty ha manifestado su intención de defenderse y negó haber abandonado el país, afirmando ser víctima de la situación que enfrenta. Hasta el momento, sus representantes legales no han ofrecido declaraciones sobre el caso
